Esta causa está ahora en manos del juez de Instrucción de Goya, Darío Ortiz, en “autos caratulados ´Altamirano José Roberto p/ sup. Fraude a la Administración Pública Art. 174 inc. 5 San Roque´”, en el expediente PXG 31996/19. El denunciado ya fue citado para declarar el 19 de junio en calidad de imputado, por decisión del magistrado. El caso se destapó como un escándalo de corrupción que conmocionó a la comunidad sanroqueña.

En la denuncia penal, presentada por la concejal justicialista Adriana Carmagnola, Altamirano está acusado de haber cobrado hasta diciembre de 2018 un sueldo cercano a 20 mil pesos como viceintendente de San Roque y otro de 25 mil pesos como empleado del Senado nacional al mismo tiempo. En la política local, el funcionario denunciado milita en el macrismo y está enfrentado desde diciembre de 2017 al intendente peronista Raúl Hadad.

A su vez, la investigación judicial intentará determinar cómo es que Altamirano cumplía sus funciones en el Concejo si, en paralelo, mantenía sin pedir licencia su trabajo en la asociación local de agua potable AVESA. La legislación vigente establece que su función pública es prioridad y no puede ser superada por otra actividad, aunque sea privada, en su jornada laboral. En ese caso sería un cobro de triple sueldo, pero la incompatibilidad estaría en que ese trabajo privado le restaría tiempo a su responsabilidad como autoridad máxima del Concejo Deliberante.

En medio de estas supuestas irregularidades, la concejal Carmagnola presentó este miércoles la correspondiente nota ante el Concejo con la que pide a Altamirano que haga ingresar la solicitud de juicio político para suspenderlo en el cargo y que la misma se trate en la sesión de este jueves por la noche.

En su pedido de juicio político, la edil justicialista sostuvo que todas las pruebas de las acusaciones contra el viceintendente de Cambiemos están debidamente acreditadas por informes de las autoridades del Senado de la Nación y de la asociación AVESA de San Roque.

Las pruebas establecen una clara violación a las leyes que regulan el ejercicio de la función, entre ellas la de Ética Pública de la Provincia, en la incompatibilidad de percibir doble sueldo sin haber pedido licencia y trabajar al mismo tiempo en dos lugares, siendo que la jornada horaria de AVESA no le permitiría cumplir con su rol de titular del Concejo.

Los elementos probatorios son certificaciones oficiales y documentos como los recibos de sueldos del Senado y de AVESA, lo cual ya está en manos de la fiscalía de Instrucción de Goya en una investigación por delitos de corrupción.

“Un sueldo privado, como el caso de AVESA, no es incompatible con el de la función municipal; pero la ley de ética pública indica que debió solicitar licencia en esa Asociación porque los altos mandos de un Gobierno no pueden ejercer labores que comprometan su desempeño municipal administrativo como es llevar adelante la gestión del Concejo Deliberante”, ejemplificó la concejal Carmagnola cuando presentó la denuncia.