Además, dos de estos efectivos policiales fueron procesados con prisión preventiva acusados de “homicidio culposo” debido a que se les endilga la responsabilidad directa en la caída al curso de agua del automóvil en el que viajaban Rogelio Schweig y su esposa, Elena Dzikosvski.

Estos 10 efectivos policiales imputados por incumplimiento de sus deberes tenían la misión de controlar el tránsito -y de alertar respecto de la falta de un puente- en el tramo de 87 kilómetros que va desde el aeropuerto de la ciudad de Goya, en la Ruta Provincial 27 hasta Paraje Invernada, en kilómetro 716 de la Ruta Nacional 12, a 500 metros del puente que se había desplomado.

Quienes estaban a cargo del último puesto de control fueron acusados por el delito más grave porque se les endilga la culpa de no haber frenado el tránsito de rodados a escasos metros del precipicio.

Extraoficialmente trascendió que en el auto de procesamiento se valoró la prueba aportada por el Ministerio Público Fiscal que consta de testimonios en relación a otro rodado que había pasado frente al último control policial y que llegó al borde del puente caído sin recibir ninguna advertencia policial.

Tras este rodado circulaba otro vehículo, cuyos ocupantes habrían sido advertidos por los automovilistas. Ninguno de ellos se dio cuenta de la presencia policial en el área.

Lo que se sospecha es que los efectivos policiales habrían evitado alertar respecto de la caída del puente y que los del último control se habrían dormido.

El trágico hecho

El puente Santa Rosa se desplomó el 7 de julio de 2016. Desde entonces se había dispuesto el control vehicular para evitar accidentes en la zona. Pero el miércoles 12 a las 05.30 Rogelio Schweig conducía un vehículo en el que viajaba junto a su esposa, Elena Dzikosvski, y ambos cayeron al precipicio que quedó a la altura del kilómetro 715 de la Ruta Nacional 12.

Tras el siniestro, la mujer pudo ser rescatada del agua, pero el hombre murió y su cadáver fue encontrado cuatro días después a dos kilómetros del lugar desde donde se precipitaron.

Luego se realizó una investigación preliminar para determinar la razón por la que los viajeros que circulaban hacia el sur, habían continuado el periplo por el tramo que supuestamente debía estar cerrado y custodiado por las fuerzas de seguridad y de la DNV.

Semanas después del siniestro, una fuente judicial informó a NOVA que “la Policía provincial no había hecho nada en relación a la investigación”, por lo que se había arbitrado los medios para que intervenga directamente el Ministerio Público y el Juzgado de Instrucción.

Para la Justicia provincial, está claro que fallaron los controles en la Ruta Nacional y se sospecha que hubo negligencia de los funcionarios de las fuerzas de seguridad y de la DNV ya que “la ruta no estaba señalizada”, razón por la que el automovilista siguió el camino hasta caer al agua.

En el caso también se investiga la posible responsabilidad de los funcionarios de la Dirección Nacional de Vialidad debido a que habrían omitido señalizar el trayecto, para evitar que los vehículos lleguen hasta el viaducto destruido.