Desde la FADIC, advirtieron que "la decisión no halla fundamento" y además "se ha dictado desconociendo que es la Autoridad Nacional, en cabeza de la universidad o el Ministerio de Educación de la Nación la autoridad que fija la habilitación de tareas a cada título profesional".

Por otro lado, el argumento para cambiar la normativa se basa en lo informado por el Jefe de Despacho de la Facultad de Ciencias Exactas, Naturales y Agrimensura, una figura académica que carece de rango para determinar incumbencias y que en rigor de verdad no debería tener injerencia para decisiones de esta naturaleza.

Por eso "el acto que determina que los agrimensores efectivamente están habilitados por el Consejo Directivo para dirigir y ejecutar obras viales se halla viciado de nulidad porque la autoridad que lo dicta no tiene facultad legal para ello", remarcaron desde Fadic a través de un comunicado.

En el tramo más duro del mensaje, las autoridades de la Federación indican que "lo descripto constituye una grave alteración del orden jurídico en lo referente a la atribución de facultades que no le conciernen a la Repartición ni a ninguna autoridad local".

Y remarcan que "estaría en juego la responsabilidad civil del Estado Provincial y de los funcionarios que posibilitan la realización de obras que, debiendo ser efectuadas por profesionales de la ingeniería son llevadas adelante por profesionales de la agrimensura, los que claramente carecen de incumbencias para ello".

Finalmente destacaron que "en caso de no revertirse la situación nos veremos obligados a seguir otros cursos de acción a fin de que cesen y se reviertan las decisiones que tan desacertada y arbitrariamente se han tomado".