Advierten que “la justicia del trabajo es el último refugio con que cuentan los más débiles cuando padecen actos ilícitos o daños sufridos en ocasión de su dación de trabajo” y advierte que la normativa que se pretenda aplicar es violatoria de la Constitución Nacional “en cuanto al derecho constitucional de todo trabajador de contar con un seguro social obligatorio que se ajuste en forma irrestricta el espíritu y letra de la Ley Suprema”.

Remarcan que “las deficiencias que muestra en la actualidad el sistema de reparación por infortunios de trabajo se debe fundamentalmente a la incuria y violación sistemática de las normas de seguridad e higiene del trabajo o al deber de inmunidad de los empleados y no a los juicios que se inician para reparar las consecuencias de los actos ilícitos o daños que sufren los trabajadores a raíz de su trabajo o en ocasión del mismo”.

Desde el punto de vista de los abogados “la ley nacional Nº 27348, a la cual la provincia pretende adherirse, no recepta estas pautas que hemos referido, toda vez que- entre otras cosas- en su aspecto central, se limita el acceso del trabajador en forma directa a la justicia, creando un paso previo obligatorio y excluyente ante las Comisiones Médicas”.

Sostienen que “ese paso previo obligatorio y excluyente ante las Comisiones Médicas ha sido declarado inconstitucional en forma reiterada por la Corte Suprema de Justicia porque se afecta el derecho de acceso rápido e irrestricto a la justicia que corresponde a los trabajadores y porque se afecta el principio de progresividad y no regresividad en materia de Derecho Laboral”

Estas deficiencias llevaron a los profesionales del Derecho a expresar “su rotundo rechazo al Proyecto de adhesión de la provincia de Corrientes a las disposiciones contenidas en el título I de la ley nacional Nº 27348, complementaria de la ley nacional Nº 24557 sobre riesgos del trabajo”.