Esa declinación fue apelada por los defensores de los imputados quienes consideraron que los hechos investigados por Soto Dávila carecen de relación con el ilícito que investiga Torres.

Advirtieron que “el hecho inició, transcurrió y cesó” en Corrientes por lo que se carece de causal objetiva para que se interprete que hecho tiene vínculos con acontecimientos ocurridos en Buenos Aires.

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes hizo lugar a un planteo de la defensa de los acusados por narcotráfico.

El fallo del Tribunal de Alzada es en respuesta a los reclamos de las defensas de Hugo Antonio Gallardo, Nelson Arnaldo Báez, Alejandro Ramón Aguirre y Julio Hernán Acosta, quienes fueron acusados del transporte de 2.692,118 kilogramos de marihuana en un camión que fue interceptado por la Gendarmería Nacional Argentina, informó el Diario Norte de Corrientes.

El recurso fue interpuesto por los abogados después de que el juez Carlos Soto Dávila decidiera apartarse de esa causa a pedido del juez federal Sergio Torres y de la Procuración de la Narcocriminalidad (Procunar), quienes investigan el traslado de estupefacientes desde Corrientes hacia siete provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El magistrado había declarado su inhibición y declinó su competencia para que la causa se acumule al expediente 3.002/2017 del Juzgado Federal Criminal y Correccional Federal Nº 12 de Buenos Aires, “por existir conexidad objetiva y subjetiva” entre ambas.

Lo que se había interpretado era que el supuesto tráfico de drogas planificado por Báez, Aguirre y Gallardo se originaba en las actividades que desarrollaban las bandas narco que trasladaban grandes cantidades de marihuana desde Paraguay hasta Itatí, para proveer a otras organizaciones criminales.

Este fue el argumento utilizado por el juez Sergio Torres para pedir el apartamiento del juez correntino, y agregó que el pedido se orientaba a “poner en marcha las diligencias pertinentes en pos de reunir a la mayor brevedad tales legajos como parte integrante de la pesquisa más amplia y compleja que se lleva adelante”, informó el medio capitalino.

Sostuvo en su pedido que la unificación de causas “permitirá conocer el verdadero alcance de los sucesos intimados en este sumario y, al mismo tiempo, garantizar a quienes hoy se hallan imputados la posibilidad de ejercer plenamente el derecho de defensa en juicio, que les asiste”.

La defensa de los imputados se opuso a que la causa sea llevada a esa ciudad, entre otros argumentos porque interpretaron que se carecían de elementos como para confirmar la conexidad entre los hechos investigados. Agregaron que en el marco de la causa existen otras apelaciones que se deben resolver, y que todavía carecen de resolución. Sostuvieron que el traslado de la causa violaría el derecho de defensa.

Esto fue aceptado por los jueces de la Cámara de Apelaciones quienes decidieron que el expediente vuelva a manos del titular del Juzgado Federal 1.

El hecho que se les endilga al trío de acusados ocurrió el 16 de agosto de 2016 cuando la Gendarmería Nacional incautó 2692,118 kilogramos de marihuana que era transportado en un camión.

El procedimiento fue después que se contara con información respecto del traslado de la droga, por lo que se hizo un seguimiento de un camión Volkswagen y se reforzaron los controles en la Ruta Nacional 12.

El día de la incautación, el vehículo fue detenido en el ingreso a Corrientes y cuando revisaron la carga hallaron tarimas de madera y debajo de éstos los bultos con la droga. Allí fueron detenidos el chofer del rodado y un acompañante.

Una hora después se pudo identificar a un tercer involucrado, que viajaba en un automóvil. Cuando llegó a un control vial cerca de la Ruta Provincial 5 a las afueras de la Ciudad de Corrientes, los gendarmes le pidieron que se baje del auto, pero éste aceleró y escapó hacia Paso de la Patria.

Fue interceptado kilómetros más adelante, y cuando los efectivos se acercaron, el sospechoso atacó a golpes a un uniformado, pero finalmente fue neutralizado de un golpe en la nariz. Otro de los involucrados habría sido detenido en un allanamiento.

Los tres detenidos quedaron a disposición del juez Carlos Soto Dávila quien dictó la prisión preventiva, pero aún queda por resolver sus procesamientos.

Para el juez Sergio Torres, el cuarteto de sospechosos había comprado la droga a los narcos que operan en Itatí.