Retoman investigaciones a una magistrada denunciada por maltrato laboral
El Superior Tribunal de Justicia informó al Concejo de la Magistratura que se lleva adelante una investigación a la titular del Juzgado de Instrucción N° 6, Graciela Ferreyra acusada de hostigar a los empleados que trabajaban a su cargo.
Las averiguaciones surgen a partir de “más de seis denuncias hechas por empleados que pidieron su traslado” debido a que habrían padecido maltrato verbal y psicológico por parte de la jueza.
El proceso administrativo comenzó en 2004, cuando un escribiente solicitó que se lo cambie de puesto de trabajo tras haber sido hostigado, durante años, por Ferreyra.
A esta denuncia, se le suman otros 5 casos más, llamativamente, todos hombres. Todos coinciden en la descripción de las formas con que fueron tratados por la magistrada, incluso algunos habrían recibido golpes, por lo que, al poco tiempo de haber ingresado a trabajar en el Juzgado 6, solicitaron ser trasladados a otras dependencias.
Procesos lentos
Algunas de las denuncias tienen más de una década pero las investigaciones avanzaban a paso muy lento porque “siempre faltaba alguna declaración o se extraviaba alguna de las actuaciones”, comentó un trabajador judicial a Nova Corrientes.
Esta situación dificultaba el desarrollo de las averiguaciones y, consecuentemente, retrasaba la llegada del expediente al Consejo de la Magistratura, organismo que debe juzgar el desempeño de los funcionarios judiciales.
Es que las averiguaciones que se llevan adelante en el Poder Judicial tienen un carácter de “administrativo interno” en el que se indaga respecto a la existencia de los hechos denunciados, y se buscan pruebas. Tras el análisis de los indicios, los ministros del Superior Tribunal de Justicia evalúan si corresponde elevar la acusación al Concejo de la Magistratura o se desestima la denuncia.
Normalmente este proceso lleva un promedio de un año y medio, pero en este caso existen acusaciones contra Ferreyra que estarían por cumplir una década de trámites.
Lo llamativo fue que esta semana el Superior Tribunal de Justicia -máximo organismo judicial provincial- envió un informe al Consejo de la Magistratura para dar a conocer que se habían tomado declaraciones a quienes habían denunciado maltratos por parte de la jueza. Este trámite está fuera del protocolo, y tampoco está establecido en el reglamento para la tramitación de procesos de destitución.
Este procedimiento se dio en el marco de las presiones que se dan al interior del Poder Judicial para pedir juicio político a la magistrada y, ante la inactividad de las máximas autoridades provinciales para resolver el asunto, utilizaron esta estrategia infructuosa para demostrar supuesta ejecutividad.
