Judiciales y Policiales
Entramado

Schaefer: crónica de un fiscal elegido para sostener in eternum la impunidad narco

El fiscal Carlos "El Alemán" Schaefer junto a colegas y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
El fiscal Carlos "El Alemán" Schaefer y su esposa "Nenu" Costilla.

La historia comenzó cuando se debía hacer algo por Carlos "El Alemán" Schaefer, quien a merced de su papá (otrora presidente del Partido Justicialista de Formosa), había ingresado al Ministerio Publico Fiscal sin tener el mínimo de aptitud judicial aceptable para ejercer el cargo como secretario se demostró una vez más que en la Argentina "los contactos e influencias" son más importantes que las aptitudes.

Es así que el hombre ejerció primero como secretario de Fiscalía, en Formosa y luego como Defensor Oficial, donde en el caso ya como defensor de Antonio Orlando Vargas, Jefe del Servicio Penitenciario, defendió la teoría de "Los dos demonios", justificando el golpe militar y por ende las violaciones a los derechos humanos. 

Fue allí que comenzaron las cataratas de denuncias de organizaciones de Derechos Humanos y familiares de víctimas pero el asunto se silenció en virtud de la actuación de su “padrino” político, el mandamás de la provincia de Formosa (Carlos Gonela), y por ello, a pesar de la gravedad de los cuestionamientos Shaefer pudo asumir en Corrientes como fiscal del Tribunal Oral. 

A partir de allí, inició una ordalía persecutoria contra cuanto funcionario se le cruzó bajo el pretexto de “Corrupción”. Es así que ha denunciado al Fiscal General de la Provincia, Germán Wiensa, con quien estuvieron a punto de irse a las manos cuando este lo encontró una mañana sentado en su sillón cual padrino hollywoodense.

Luego siguió con el Fiscal de Paso de los Libres, Benito Pont; para continuar con un juez de la Cámara Federal de Corrientes, Luis González. Finalmente sumó a un juez de primera instancia (con 40 años de trayectoria intachable) y sus dos secretarios, Carlos Soto Dávila, Pablo Molina y Federico Grau; además de la empleada de la Fiscalía, Virginia Brenn, contra quien habría presentado pruebas falsas que la acusaban (por este hecho fue denunciado y hasta la fecha el Procurador Interino no ha nombrado Fiscal para investigar, lo que probablemente configure un caso de flagrante de retardo de justicia).

Seguramente la lista siga. El trasfondo va más allá; el objetivo es (y lo fue logrando) cooptar la jurisdicción y quedarse con el Juzgado Federal N° 1 con competencia electoral, para lo cual ha nombrado gente de su confianza y al igual que el mismísimo Shaefer, sin los requisitos mínimos para acceder al cargo y reprobados en los concursos, pero “obedientes”.

Por este hecho también fue denunciado por el Colegio de Abogados de Paso de los Libres, denuncia que también al igual que el caso de la empleada de Fiscalía de Paso de los Libres, estaría paralizada por la “oportuna” intervención del Procurador General Interino, Eduardo Casal.

En orden a estos embates, su última “aventura” ha sido quedarse con el Juzgado  Federal N° 1 con competencia electoral, y no ha dudado en “conspirar” delito grave, muy grave en otros lares, pero que en Argentina está a la orden del día, y no se  los castiga, con su par de Procunar, Diego Iglesias, y junto con la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la potencial candidata a Presidente por la  ideología de “mano dura” a las noticias sobre casos rimbombantes en su inicio pero que terminaron una en la nada y a vincularse con agencias extranjeras antidrogas (DEA) con el fin de lograr sus objetivos mediáticos y sin detenerse en principios éticos,  los que incluyen pactar con los narcotraficantes, que son quienes deben declarar lo que se les piden a cambio de “beneficios” procesales para ellos y para sus familiares.

El ejemplo de Federico “Morenita” Marín es clarísimo. Solo él y su banda acusan al juez Carlos Soto Dávila y secretarios. Lo cierto y real es que Soto Dávila ordenó su captura internacional, y que Marín se entregó porque estaba a punto de ser capturado en Paraguay y no quería estar detenido en una de las ·famosas· mazmorras de Paraguay, país donde también tiene causas y pedido de captura.

Motivo muy diferente al oportunamente puesto en la prensa argentina donde en una nota de tinte romántico dicen que Marín se entregó "por amor" para ver a su mujer. Esta modalidad de utilizar narcotraficantes en virtud de la utilización de la perversa Ley del Arrepentido, aparentemente ha sido implementada por la AFI/Ministerio de Seguridad (ver caso del narcotraficante “verdurita”) y mediante jueces de dudosa honestidad (Sergio Torres) quien no ha dudado en encarcelar gente por solo dichos de delincuentes que obtuvieron beneficios a cambio de la delación.

El beneficio para Torres es haber sido ungido como “supremo” en la provincia de Buenos Aires amadrinado por el hada "Heidi", la ex gobernadora María Eugenia Vidal. Es menester recordar que en el primer tramo de la causa “Sapucay” las condenas obtenidas  no han sido por narcotráfico sino por “asociación ilícita”, donde la inmoralidad de la  actuación del Ministerio Público, quien tiene el deber de legalidad y se pone de manifiesto allí que ante la imposibilidad de obtener condenas por el delito que se  investiga (tráfico de estupefacientes) por inexistencia del hecho o por ineficiencia  de los investigadores, negocian con personas que están detenidas por dos años o más y a quienes, jueces como Bruglia y Bertuzzi (funcionales a la política judicial que en el período 2015-2019 se implementó desde el Ministerio de Seguridad) les  han “blindado” la causa sin admitirles las excarcelaciones, para que acepten  culpabilidad por “asociación ilícita”, y entonces todos felices porque el Ministerio Público consigue una condena, aunque no sea por tráfico de estupefacientes y “gana prestigio” ante la platea macrista y, por otro lado, porque el imputado se va a su casa.

En este estado de cosas en la provincia de Corrientes, este “maniqueo fiscal”,  quien ha naturalizado que las excarcelaciones a narcotraficantes no son  procedentes y que como consecuencia de esto los principios constitucionales no  les son aplicables, no ha dudado en acusar a funcionarios del Poder Judicial y  Ministerio Público como ya se ha dicho la colaboración inestimable de un narcotraficante y su “banda”, este es Federico Marín, narcotraficante que registra pedidos de captura por tráfico de estupefacientes y delitos comunes hasta en Paraguay.  

A este hombre que en sus declaraciones, inclusive ha incriminado al fiscal de Primera Instancia, Flavio Ferrini, a quien prestamente el defensor ha hecho la aclaración que Marín se confundió al decir eso (dato comprobado, no comprobable) es así que el Ministerio Público en sus tres instancias, actualmente le está “militando” la prisión domiciliaria, sin que su situación encuadre en alguno de los supuestos de la ley.

Al respecto solo alcanza con ver las resoluciones recaídas en Juzgado Federal de Sáenz Peña, expediente 11.371, o en el Juzgado Federal Nº1 de Corrientes, el juez Vallejos, actualmente a cargo y funcional al MPF, hace lugar al pedido de prisión domiciliaria en el expediente  7484/17, donde el dictamen de Procunar, cuyo jefe es afecto a vincularse con la DEA y utilizar pruebas proporcionadas por este organismo (ilegal), es lapidario en  ese sentido, porque “aboga” por la prisión domiciliaria de Marín sin que la situación familiar de este reúna los requisitos legales, (recordemos nuevamente que el Ministerio Público tiene la obligación de actuar y controlar la legalidad de los procedimientos de un narcotraficante con condena de cumplimiento efectivo en Tucumán y que habría “arreglado” la unificación por 12 (para él mismo) y el  sobreseimiento para su mujer, quien era parte de la banda poniendo a su nombre los automóviles que él compraba para la distribución de la sustancia prohibida. A esta mujer, el funcional juez Sergio Torres, hoy encumbrado miembro de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires (por la plata baila el mono) la sobreseyó. Dato duro y comprobable en el expediente 2.983 del Juzgado Federal Nº1, hoy radicado en el Juzgado Federal 12 de Comodoro cloaca Py.  

Pero favor con favor se paga y así estamos ¿Dios solo atiende e imparte justicia en la Capital? Mientras tanto, todos los jefes de bandas del narcotráfico están detenidos por el Juzgado Federal Nº 1, y sus causas elevadas a juicio por quien hasta 2019 fuera titular de dicho Juzgado, Carlos Soto Dávila. Dato también comprobable. 

En la actualidad vemos una “relación carnal” entre Ministerio Publico Fiscal de Carlos "el alemán" Schaefer y los narcotraficantes vinculados a Marín, “socio” indispensable en la “cruzada  moralizadora” de este adalid de la “lucha contra la corrupción”, sostenedor de la teoría de "Los dos Demonios" y su jefe conspicuo DEA, de quien se sirve  para armar causas "mediáticas" y ruidosas que terminan en nada y esta asociación ilícita esta  sociedad se pone de manifiesto en el hecho que citaron a varios integrantes de la  banda a declarar, entre ellos una narcotraficante de apellido Castillo, quien  distribuía la mercadería ilegal en Chaco, y con dicho producido habría comprado un conocido "Restó" en la ciudad. Dicha actividad no habría sido posible sin el consentimiento del fiscal Schaefer, quien habría sido “subyugado” por los encantos de la chica “narco” con quien mantendría una relación sentimental y/o también “comercial”. Se dice comercial, porque según propios dichos de Castillo, habría pagado para conseguir la excarcelación que tanto le cuestionó Schaefer a Soto Dávila y secretarios. Dato también comprobado.

Este tipo de conductas son las que apañan los Fiscales de la provincia Schaefer y Ferrini y el fiscal Procunar, Diego Iglesias, y que a su vez son “bancadas” por el Procurador General de la Nación Eduardo Casal. Mientras tanto, Corrientes es zona libre para el contrabando de drogas, puesto que la política antidrogas implementada por la mafia judicial macrista, no desbarata las organizaciones: sólo modifica su composición cuando meten preso a uno, viene el cambio de figuritas y otro inocente ocupa su lugar.

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