Esto se realiza después que se realizó la audiencia pública en la que particulares, organizaciones civiles y políticas expusieron fundamentos respecto de la inconveniencia de incrementar la tarifa.

En la oportunidad se objetó la propuesta en que elevar el precio del boleto repercutiría en un incremento en los índices inflacionarios, lo que conlleva en un duro golpe a la economía de las familias.

En otro de los puntos se hizo notar que el pedido de incremento surge que únicamente del sector que representa a los empresarios, “que plantea y propone como nuevo valor de la tarifa la suma de $ 12,10, acompañando un estudio de costos, realizado por el mismo sector empresario”.

El costo pedido por los empresarios –que además cobran subsidios- “representa un incremento del 57,55% sobre el valor de $ 7,68”.

Remarcaron además que “el dueño de la Concesión de este servicio público es el Municipio y es esperable que sea el poder concedente quien esté interesado por garantizar el servicio ponderando la situación social y el poder adquisitivo real de los usuarios del transporte público de pasajeros”.

Antes de la audiencia el titular de la Defensoría de los Vecinos, Agustín Payes, había enviado al Gobierno local una encuesta que reveló que “el mayor reclamo de los vecinos está vinculado a la frecuencia de las unidades, seguido del (mal) trato hacia los usuarios por parte de los choferes”, y agregó que “el 60 por ciento de las personas encuestadas se quejó porque no cuentan con refugios en sus respectivas paradas”.

Las opiniones de los participantes de la audiencia ni de la Defensoría son vinculantes, lo que significa que los concejales pueden establecer un incremento sin tomar en cuenta la opinión de quienes deberán abonarlo después.

De aprobarse la suba con el valor que pretenden establecer los empresarios implicaría que el costo del pasaje de colectivos aumente en 144% en dos años, sin que existan mejoras en el servicio.

Esto es porque desde 2016 los boletos pasaron a costar de $4.95 a $7.68. Pero lo que se pretende es que los usuarios que pagan la tarifa plana abonen $4.42 más, ya que precio que pretende establecerse es de $12.10.

La oposición de los usuarios al incremento de los valores se fundamenta también en que las firmas de transporte incumplieron el compromiso firmado en 2016 de instalar 80 refugios para pasajeros. El plazo para construir esas garitas finalizó el 10 de diciembre de ese año y sólo fueron puestos el 20%, aunque posteriormente el municipio -en la gestión de Fabián Rios- instaló otras tantas. Algunos de estos refugios ya están estropeadas e inutilizados.

Además en la sesión se tratarán en la oportunida se tratará también un proyecto de adesión a la ley provincial 6.051 de régimen de creación yreglamentación de parques y zonas industriales y tecnológicos en la Provincia de Corrientes.

También se espera declara la emergencia hídrica por la inundación de barrios periféricos; y se busca también ceder espacios de la Municipalidad de Corrientes a un privado, aunque no se especifica claramente quién y qué terrenos públicos serán entregados y con qué fines.

Prentenden, en la sesión, modificar la conformación del Centro Histórico de la ciudad.

Y como último punto está el establecimiento de una nueva demarcación territorial municipal.