El martes 11 de octubre, desde las 9, un grupo de efectivos de la Policía de Corrientes prometió reunirse frente a la Casa de Gobierno y desde allí marchar por el microcentro correntino en señal de protesta por la negativa del Gobierno a incrementarles los sueldos este mes, equipar las comisarías y otorgarles uniformes nuevos.
Pedirán también que se los reciba nuevamente en la Jefatura de Policía donde el viernes pasado recibieron la promesa de una mejora salarial para el mes de noviembre.
En esa sintonía, el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres, fue contundente al decir que “como mínimo, percibirán un aumento de 1.600 pesos, que será más alto de acuerdo al rango con el que se haya retirado cada agente y además, tendrán un incremento también en las asignaciones por hijo”.
La propuesta de los funcionarios gubernamentales cayó muy mal en las filas policiales y por ello convocaron a todos los efectivos de franco, a sus familias y a los retirados a realizar un acto de manifestación.
Argumentan que pese a los incrementos prometidos lo que percibirán está lejos del monto establecido por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos para cubrir las necesidades básicas de una familia o, lo que es lo mismo, para no ser pobres.
Según los datos del INDEC publicados en agosto, una familia tipo necesita un ingreso de 12.489,37 pesos para no caer en la pobreza y de 5.175,92 pesos para no ser indigente, pero los sueldos en la fuerza policial de la provincia están más cercanos a la última categoría.
Actualmente, un uniformado de más bajo rango percibe 8.844 pesos como piso, y no llega a los 9.000 pesos con adicionales. En tanto, un cabo primero puede cobrar entre 8.995 y 9.500 pesos en promedio.
Un uniformado de mayor jerarquía puede percibir entre 9.544 y 10.044 pesos si es sargento, y poco más de 12.262 pesos si su rango es suboficial. Sólo los comisarios y sub comisarios superan el monto de 12.500 pesos.
Esta situación generó un principio de sublevación que fue anunciado para el pasado 8 de octubre pero que no fue ejecutado. Habían prometido que, a partir de las 0 horas se acuartelarían, quitarían los patrulleros de las calles e instalarían una carpa frente a la Jefatura.
La medida cayó porque ninguno de los policías en actividad se plegó, fundamentados en que el día anterior, habían sido recibidos por la plana mayor. En esa charla Eduardo Acosta había expresado que ya habían presentado las exigencias de los trabajadores al ministro de Seguridad, Horacio Ortega y al gobernador, Ricardo Colombi. “Sé que la situación es difícil, que el policía espera hasta lo último para hacer su reclamo y por eso accedimos a hablar con ustedes porque se manifestaron con respeto”.
En ese mismo acto, había pedido calma y evitar manifestaciones públicas como la ocurrida en 2008 cuando los policías uniformados y armados cortaron el tránsito vehicular en el puente que une las provincias de Chaco y de Corrientes.
En tanto, en medio de la tensión, el subjefe de la fuerza, Mario Mendoza, quitó relevancia a las amenazas de huelga en la Policía, y afirmó que “la situación es de absoluta normalidad. Las prestaciones de guardias y recorrido policial se están realizando con normalidad en toda la provincia”, y aseguró que evitaron solicitar la colaboración de instituciones de seguridad nacionales ante un cese de actividades de sus subordinados.
Mientras los mandos de los escuadrones de la Gendarmería, de la Policía Federal Argentina y la Prefectura siguen con atención el conflicto policial ante la posibilidad –aún lejana- de ser convocados a patrullar las calles.
