Fuentes vinculadas a esa causa dijeron a NOVA que “hay convencimiento en que inventaron una causa y luego pidieron dinero para desvincularlo a Rodríguez”. La suma de la supuesta coima superaría el monto de tres millones de pesos.

Este caso también tiene relación con la denuncia realizada por el Ministerio Público Fiscal en el que se dio a conocer maniobras por las que los funcionarios del Juzgado Federal Nº1 de Corrientes entregaban a terceros automóviles incautados, pero también devolvían bienes a imputados por causas de narcotráfico a cambio de dádivas.

Estos hechos derivaron en la separación del secretario judicial Pablo Molina quien fue imputado, al igual que Soto Dávila, por los delitos de cohecho y falsedad ideológica.

En su presentación de octubre de 2016, los fiscales Carlos Schaefer y Flavio Ferrini solicitaron investigar a Carlos Soto Dávila, a su secretario Pablo Molina y al empleado Zacarías Issolo, a los abogados Noelia Carolina Agnello, Duylio Horacio Barboza Galeano, y a Víctor Manuel Fernández, a fin de determinar si -de forma organizada y mancomunada- realizaron maniobras de simulación o ardidosas para recuperar un vehículo Mercedes Benz 997-C250.

Este vehículo se encontraba secuestrado en el marco de la investigación seguida a Roberto Rodríguez, quien fuera procesado por lavado de activos provenientes del narcotráfico, para lo cual utilizaba la concesionaria RRVIP para blanquear el dinero ilícito.

En junio de 2016, Fernández sostuvo haber adquirido el referido vehículo de buena fe, por lo que inició -a través de sus abogados Agnello y Barboza Galeano- un incidente de entrega de bienes registrables en la secretaría a cargo de Molina, con la intervención del sumariante Issolio, con el fin de recuperarlo.

Ante ello, la fiscalía le solicitó al juez Soto Dávila que citase a declarar al ex dueño del vehículo, Fernando Gauto, y a Fernández.

Sin embargo, antes que se efectivice la citación ante la fiscalía, la abogada Agnello se presentó nuevamente y pidió una serie de audiencias, las cuales fueron fijadas sin dar intervención al Ministerio Público Fiscal.

Curiosamente, antes de ser notificados los citados a audiencia, comparecieron “espontáneamente” a declarar en el Juzgado.

Ante ello, los fiscales iniciaron una serie de medidas investigativas, que incluyeron peritajes grafológicos y una rogatoria a la titular de la Fiscalía Federal de Eldorado, Lilian Delgado, para que entreviste a Gauto, quien negó haber declarado ante la justicia correntina, como así también desconoció la firma que figuraba en su declaración.

También los fiscales Schaefer y Ferrini pidieron informes a la AFIP respecto a la capacidad adquisitiva de Fernández, quien figura como monotributista, siéndole imposible justificar la adquisición de un Mercedes Benz como el que pedía que le restituyeran.

En base a las pruebas recolectadas, los fiscales concluyeron que los imputados idearon y ejecutaron un plan con el objetivo de poder recuperar un bien que forma parte del patrimonio del imputado y procesado Rodríguez, en el marco de la causa N° 1200024/12 del registro de la Secretaría Penal 2 del Juzgado 1 de Corrientes.

"En este sentido, se ha acreditado que se falseó al menos un acta de declaración testimonial de nada más y nada menos que del titular del rodado (Sr. GAUTO) y se convocó a una persona que en principio no podría justificar el origen de los fondos para adquirir un auto de alta gama como el de la incidencia", señalaron en su requerimiento de instrucción.

"Es decir: necesariamente los imputados debieron relacionarse para llevar a cabo el plan denunciado, lo que denota una connivencia explícita al menos entre los funcionarios judiciales y el imputado Rodríguez, quien sería en definitiva el beneficiario del recupero del rodado referenciado tenido como objeto en las maniobras de lavado de activos mencionados", explicaron a NOVA.

Aparentemente, se trataría de un supuesto integrante de una organización narco que intercambiaba vehículos de alto valor comercial por estupefacientes, pero que a su vez compraba rodados de esas características con dinero de las actividades ilícitas, según la hipótesis del Ministerio Público.

Actualmente, la causa estaría siendo analizada en el Consejo de la Magistratura.