Se trata de una medida cautelar firmada por el titular del Juzgado Civil y Comercial 12 de Corrientes, Pablo Teler Reyes, quien ordenó al municipio “se abstenga de aplicar lo dispuesto por la resolución 2135 del 14 de septiembre, respecto a la venta, suministro, donación, consumo, tenencia e ingreso de bebidas con alcohol durante el desarrollo de recepciones, cenas o bailes de egresados”.

La sentencia sólo tiene efecto para las actividades que organice la firma que presentó la queja judicial. Pero establece además que los titulares se la empresa sólo están habilitados a proveer bebidas a mayores d edad.

El fallo se fundamenta en que “la resolución estaría afectando el derecho de trabajar y ejercer toda industria lícita, tutelado por el art. 14 bis de la Constitución Nacional, porque la Municipalidad puede y debe prohibir la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, pero no aparece lícito restringir el ámbito de libertad de los adultos”

Sostuvo también el juez que “el Ejecutivo Municipal se habría excedido en sus funciones, pues solo puede reglamentar las ordenanzas, pero no dictarlas”.

Pero, advierte que pese a que la medida beneficia a la firma, la entrega de alcohol a menores derivará en sanciones económicas a la firma.

Pese al fallo los beneficia, los empresarios decidieron suspender la fiesta.

Aseguraron que la Comuna le había exigido el pago de un cánon para costear el servicio de 36 agentes de tránsito para que realicen controles de alcoholemia, y que carecían de fondos para afrontar esos gastos.

Anunciaron la reprogramación de la recepción para el 21 de noviembre.

Pero desde la Municipalidad negaron tales cambios. “Es absolutamente falso lo que se dice porque no hay cambios de reglas de juego ni nada parecido. Decir que se suspende la fiesta porque la Municipalidad solicitó nuevas cosas, es absolutamente mentira”, expresó Félix Pacayut, Secretario de Ambiente de la Municipalidad de Corrientes.

El funcionario aseguró que las condiciones “son las mismas que las establecidas el año pasado”.

En tanto, Pío Sierra, Asesor Legal de la Municipalidad, adelantó que se analiza apelar la medida judicial debido a que desde el punto de vista del gobierno local se priorizó el provecho privado por sobre el interés general.

Respecto a esto, el intendente, Fabián Ríos, aseguró que “hay sectores sociales, padres de chicos y empresarios que estuvieron desde que se tomó la decisión de alcohol cero, presionando para liberar esta medida”.

El jefe comunal advirtió que esos sectores económicos "lucran abriendo la puerta a las adicciones a los chicos".

Asegura que "restringir el alcohol genera vaivienes económicos" porque los empresarios pretenden incrementar los costos del servicio si no pueden vender bebidas alcohólicos.

"Hay gente que se quejan de los chicos y piden que se controlen a los drogadictos, pero son los mismos que quieren que se venda alcohol", reflexionó al tiempo que advirtió: "El alcohol es una puerta a las adicciones".

Llamó la atención que los fines de semana accidentes de tránsito y desmanes como consecuencia del consumo de bebidas, y que la medida municipal quiere evitar esos problemas.