También hubo una marcha en la que se reclamó la presencia real del Estado en la resolución de los problemas sociales que derivan en actos delincuenciales y en asesinatos. La falta de credibilidad hacia la Justicia y los órganos de Gobierno es resultante de un cúmulo de hechos que se suceden a lo largo de las últimas dos décadas y que -a la mirada de la ciudadanía- ponen en dudas, además, la existencia de autonomía en los poderes del Estado.

En otros términos, el descrédito hacia los órganos estatales indica que para la ciudadanía no existe respeto a la forma republicana de gobierno. El disparador de la queja social fue la muerte de Octavio Ortman, el chico de 16 años que cayó de un cuarto piso mientras se realizaba una reunión de amigos. Ocurrió el domingo 3 de octubre.

Uno de los que estuvo en esa reunión fue un sobrino del presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia (adscripto a la alianza gobernante Eco+Cambiemos). Este fue señalado en las redes sociales de haber, supuestamente, empujado a Ortman.

La Justicia desestimó esa hipótesis. Esto fue, según explicaron oficialmente, en base a pruebas colectadas e imágenes de cámaras de seguridad que probarían que el muchacho en cuestión no se hallaba en el edificio a la hora de la fatalidad. El pronunciamiento de los funcionarios del Ministerio Público y de la jueza Josefina González Cabañas generaron, al menos, polémica.

En Monte Caseros, casi en simultáneo, Miguel Rosbaco recibió una puñalada en el corazón durante una gresca. Fue herido por un muchacho de 17 años quien tendría antecedentes por actos violentos. La comunidad se movilizó "en defensa de los adolescentes y los jóvenes", pero en pedido de acciones de la Justicia para medidas preventivas contra el delito y la violencia.

"Si hubiese estado la Policía al terminar el baile no hubiese pasado esta tragedia. Si en estos años hubiesen hecho cumplir las ordenanzas, no hubiera ocurrido esta muerte", denunciaron en el acto. En este último caso el cuestionamiento es hacia todos los Poderes del Estado.

Pero en la última década existieron casos puntuales que contribuyeron a la falta de credibilidad hacia los jueces y los fiscales. En 2006 Eduardo Braun Billingurst, Horacio Pozo y Andrés Gallino Yanzi mataron a Ariel Malvino, un joven platense. Le arrojaron una piedra de 17 kilos en la cabeza. El hecho ocurrió en Brasil, pero los tres acusados, hijos de jueces y funcionarios gubernamentales, tras el crimen volvieron a Corrientes donde utilizaron sus contactos para evitar que se los juzgue.

Se recibieron, tuvieron hijos y actualmente están en libertad, como si nada hubiese pasado. Sus padres continúan vinculados al Gobierno y la Justicia.

Tiempo después, ocurrió el caso del testaferro profesional Hernán González Moreno -no era periodista, sino que administraba medios de comunicación de terceros- fue una de las muertes dudosas, vinculadas el poder, resueltas con la declaración de suicidio.

Ocurrió el 2 de octubre de 2009. El cadáver del muchacho de 28 años adicto a la cocaína, amante del whisky y fanático de las armas, fue encontrado con heridas de arma de fuego en su auto de alta gama, en un campo del departamento de Goya. Días antes había denunciado a Ricardo Colombi, ex gobernador de la provincia, por delitos tributarios y financieros.

Otro caso de declarado suicidio es el del sindicalista y legislador provincial Omar Suárez. Su cadáver apareció flotando en el Paraná, a la altura de la costanera de la Capital correntina. Lo encontraron tres pescadores que pasaban por allí con una embarcación.

Dirigía la Unión Tranviarios Automotor, el grupo de choque de Cambiemos y el organismo de presión al Gobierno que usa la empresa que monopoliza el servicio de colectivos de la ciudad de Corrientes cada vez que pretende aumentar el precio de los boletos.

El caso fue declarado "suicidio" por el Gobierno aún antes de que se termine la autopsia. No hubo comunicado de la Justicia. El silencio trajo el olvido. Y la muerte de Suárez quedó en el pasado, al igual que los turbios negocios que lo rodeaban.

También caló hondo en la sociedad el juicio al hijo del chamamecero Mario Bofill. Este último es legislador provincial y también lo es su esposa, Griselda Moray. El hijo del matrimonio, Mario Rafael, el 21 de septiembre de 2012 atropelló y mató a un empleado gastronómico y luego del choque huyó. Estuvo libre. El 21 de noviembre de 2017 lo condenaron a cuatro años de prisión, pero se fugó tras el fallo.

La pena leve a "el hijo del poder" causó indignación, pero su detención al menos generó alivio a la familia de la víctima, Guillermo Juani. El mismo tribunal intervino en el caso de la muerte del estudiante Maximiliano Aquino, supuestamente asesinado por motochorros. El joven de 21 años era oriundo de San Roque y su familia era allegada al entonces ministro de Seguridad, Pedro Braillard Poccard.

Por el caso fue condenado José Altarmirano, un joven pescador. La acusación y condena fue en base a pruebas de dudoso origen y de torturas ejercidas para que se autoincrimine. En el debate contó que la Policía le pedía pescados a modo de coimas y que al negarse lo incriminaron.

El caso actualmente está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero la crisis de credibilidad también alcanza a los fiscales. Y es que es el poder político el que nombra a los funcionarios que luego deben investigar delitos. Cuando en los hechos están relacionados con personas cercanas a funcionarios o familias conocidas, las suspicacias afloran.

Sumado a esto, en Corrientes el Ministerio Público Fiscal además controla a los defensores oficiales. Es uno de los pocos casos en que la Defensoría depende directamente del Procurador General. Esto quiere decir que el jefe de los fiscales que investigan los delitos y hacen la acusación, es a la vez el que controla a quienes deben defender a los acusados. ¿Se animaría un abogado oficial a cuestionar los criterios de su propio jefe a riesgo de ser sancionado? Es probable que no.

Esto ocurre pese a las disposiciones de la Corte Suprema que obligan al Estado correntino a otorgar autonomía a la Defensoría Oficial. La desobediencia puede ser interpretada también como una acción antirrepublicana que atenta contra los derechos de las personas.

Pero, también existen hechos destacables, como la intención de modernizar la Justicia con herramientas informáticas, la aplicación de la oralidad para brindar celeridad en la resolución de causas, la mediación judicial, y la sanción de un nuevo Código de Procedimientos que suplantará al que rige desde 1971.

Es innegable que en 20 años la Justicia Correntina tuvo también avances importantes. Pero perdió credibilidad, su capital más importante, el que le da legitimidad ante la sociedad y que constituye la base de su función. En otras palabras, perdió legitimidad.