La maniobra procesal del municipio —que no aborda el fondo del reclamo— busca que el tribunal declare nula o confusa la demanda vecinal.

Los abogados de los demandantes, Lagraña y Nardelli, consideraron el planteo una maniobra dilatoria, destinada a retrasar la causa y evitar el debate sobre la gestión municipal.

El secretario Jorge E. Scofano recordó en su dictamen que la excepción sólo procede en casos extremos donde la demanda impide ejercer defensa, lo que no ocurre en este expediente.

En cambio, advirtió sobre el uso abusivo de este tipo de herramientas para entorpecer los procesos judiciales.

La resolución del tribunal definirá si la causa continúa o si prospera la excepción presentada por el Ejecutivo.

Sin embargo, el uso de tecnicismos legales como escudo muestra a un municipio más preocupado por controlar los tiempos judiciales que por rendir cuentas ante los vecinos.

En el plano político, el caso revela una gestión que atraviesa un desgaste creciente, con críticas por falta de diálogo y transparencia.

En lugar de promover el consenso, el municipio volvió a elegir el camino judicial, reflejando una administración a la defensiva.

El conflicto de San Roque se suma a una tendencia cada vez más visible en Corrientes: gobiernos locales que judicializan reclamos de empleados municipales, trasladando al terreno legal lo que debería resolverse con participación y rendición de cuentas.