Según relató Demir Hannah, el conflicto se inició el 16 de octubre, cuando presentó formalmente su postulación para integrar la grilla oficial del festival. Desde entonces, aseguró que su propuesta quedó "encajonada" dentro del Instituto de Cultura y que, tras el cambio de gestión, comenzó una cadena de evasivas, dilaciones y falta total de respuestas.

La artista denunció que la secretaría de la presidenta del organismo le negó información, cerró canales de comunicación y la trató con soberbia, desconociendo su trayectoria artística y su rol como la única cantautora trans del chamamé con reconocimiento nacional.

El punto de mayor tensión, según la denunciante, se produjo cuando finalmente logró comunicarse con la presidenta del Instituto de Cultura. De acuerdo a su testimonio, Lourdes Sánchez le respondió que su postulación "se traspapeló", explicación que Hannah calificó de inaceptable en un contexto de gestión digital.

Al invocar la Ley Nacional de Cupo Femenino y de Acceso a Artistas Diversidades en Eventos Musicales, la respuesta final que recibió fueron mensajes de WhatsApp con emoticonos de corazoncitos y una frase que interpretó como burlona, instándola a hacer el descargo público que considerara necesario.

La artista también denunció una maniobra posterior para intentar silenciarla. Afirmó que el martes por la noche, a pocos días del inicio del festival, una empleada administrativa la contactó fuera de horario para ofrecerle una participación "fuera de grilla", solicitándole presupuestos cerca de las 9 de la noche y manteniéndola en una negociación informal hasta la madrugada.

Según Hannah, la propuesta incluía un cachet que calificó de irrisorio para cubrir traslado y estadía desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde reside actualmente, y solo tuvo como objetivo ganar tiempo y evitar que el conflicto tomara estado público.

Más allá de su situación personal, la denuncia apunta a un análisis más amplio sobre el funcionamiento de la Fiesta Nacional del Chamamé 2026. Hannah sostiene que el sistema de inscripción impuesto por el Instituto de Cultura precariza la labor musical, exige seguros privados, estructuras legales y facturación que expulsan a artistas autogestionados y colisionan con tratados internacionales y leyes nacionales.

En ese marco, advierte que el Estado provincial incumple las obligaciones asumidas desde que el chamamé fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, especialmente en lo referido a la salvaguarda de la diversidad cultural y la inclusión de todas las voces que conforman el género.

La denuncia también señala un presunto incumplimiento de la Ley 27.539, que establece un piso mínimo del 30 por ciento de participación femenina y de diversidades en eventos musicales.

Según la artista, la ausencia de referentes travesti-trans en el escenario de mayor visibilidad del chamamé evidencia un retroceso en materia de derechos y una utilización de la burocracia como herramienta de exclusión.

A esto se suma la crítica a la cesión total de derechos de imagen exigida en los formularios, sin contraprestación garantizada, y al deslinde de responsabilidades del propio Instituto, configurando un escenario de precariedad laboral.

Otro de los ejes cuestionados es el presupuesto artístico. Mientras se alega falta de fondos para músicos locales y portadores históricos del chamamé, la grilla 2026 incluye la contratación de figuras nacionales ajenas al género, como Soledad Pastorutti, El Chaqueño Palavecino, Los Tekis, Jorge Rojas, Nahuel Pennisi, Los Nocheros y Lázaro Caballero, con inversiones millonarias.

Para Hannah, esta política profundiza la brecha entre el discurso de "refugio de la identidad" y una práctica que prioriza el mercado y el impacto visual por sobre la raíz cultural correntina.

El malestar, según la denuncia, no es aislado. Se mencionan casos de artistas y referentes históricos del chamamé que quedaron fuera de la grilla o fueron ignorados tras confirmaciones informales, lo que alimenta un clima de enojo en el arco cultural y en la ciudadanía.

En ese contexto, se multiplican las críticas a la gestión de Lourdes Sánchez, a quien se acusa de conducir el Instituto de Cultura con criterios de productora privada, falta de presencia territorial y antecedentes de irregularidades que hoy se reflejarían en una fiesta caótica y excluyente.

Demir Hannah cerró su descargo afirmando que su historia no puede ser "traspapelada" y recordó su trayectoria como pionera en la defensa de los derechos humanos y de las diversidades en Corrientes, desde los carnavales oficiales de los años 90 hasta su labor radial, que incluyó amenazas de muerte y exilio forzado.

Para la artista, lo que está en juego no es solo una participación en un festival, sino el respeto por la identidad, la memoria cultural y el cumplimiento de la ley. "No se puede celebrar el Patrimonio de la Humanidad mientras se violan los derechos de quienes lo sostienen", sostuvo, al tiempo que reclamó transparencia, inclusión y dignidad en la mayor celebración cultural del Litoral.