El conflicto surge en el contexto de las medidas de ajuste del Estado, que han llevado a la desvinculación de 15 mil empleados de diversas dependencias gubernamentales. El Gobierno nacional, como parte de su estrategia de reducción de personal, ha oficializado la desvinculación de 70 mil agentes en total.

Sin embargo, los sindicatos ATE y UPCN han anunciado una escalada en las medidas de protesta para el próximo miércoles, en respuesta a lo que consideran despidos arbitrarios e ilegales. Esta amenaza ha generado preocupación en la Casa Rosada y en los ministerios de Seguridad y Capital Humano, quienes evalúan cómo responder a estas acciones y evitar la paralización de los servicios estatales sensibles.

A pesar de las críticas y las amenazas de los gremios, el Gobierno no tiene previsto dar marcha atrás en su decisión. El ahorro en las cuentas públicas, aunque no se ha especificado, sirve como justificación para la medida, enmarcada en una narrativa que identifica a "la casta" como enemiga.

No obstante, existe la preocupación de que estas medidas de fuerza puedan afectar aún más la atención al público, especialmente en áreas sensibles como la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), que ya experimenta dificultades por otros motivos.

En medio del conflicto, funcionarios de alto rango destacan la efectividad de la estrategia de despidos, que ha sido implementada mediante la propagación de rumores, despidos selectivos y finalmente, la oficialización masiva de las desvinculaciones.