Judiciales y Policiales
Cambios

Adiós a los truchos: en Paso de los Libres celebran la remoción de los fiscales de schaefers

Mediante la Resolución PGN número 67/22, dispuso la confección de las ternas de candidatos y su elevación al Poder Ejecutivo Nacional.

En el marco del Concurso número 114, convocado por Resolución PGN número 21/18, el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, resolvió la clausura definitiva del trámite respecto a las vacantes de Fiscal ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres, provincia de Corrientes, y fiscal ante los juzgados federales de Posadas (Fiscalía número 2), provincia de Misiones.

Así, mediante la Resolución PGN número 67/22, dispuso la confección de las ternas de candidatos y su elevación al Poder Ejecutivo Nacional.

En el mismo concurso, a fines de mayo y principios de junio, se habían elevado las ternas de candidatos para cubrir las vacantes sustanciadas en el mismo concurso, para Fiscal ante los juzgados federales de Rosario (Fiscalía número 2) y fiscal ante el Juzgado Federal de Río Gallegos, provincia de Santa Cruz.

El tribunal evaluador estuvo presidido por Casal, e integrado por las vocales magistradas Sandra Fabiana León y María Cristina Beute, el vocal magistrado Dante Vega y la vocal jurista invitada, María Guadalupe Villagrán.

La resolución dispuso que la terna para el cargo como titular de la Fiscalía Federal número 2 de Posadas se conforme con Arlindo Otto Kurtz, Hugo Daniel Froy y Andrés Carro Rey, quienes quedaron ubicados respectivamente en el primer, segundo y tercer lugar en el orden de mérito.

En atención a que Froy y Carro Rey se encuentran en condiciones de integrar la terna para cubrir la vacante de Fiscal ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres, se dispuso agregar una lista complementaria integrada por Fernando Gustavo Javier Gimena, quien quedó ubicado en el cuarto lugar del orden de mérito correspondiente a esta vacante.

En cuanto a la vacante para cubrir la Fiscalía Federal de Paso de los Libres, la terna quedó conformada por Andrés Nazer, Froy y Carro Rey, quienes quedaron ubicados en el primer, segundo y tercer lugar en el orden de mérito.

Contexto

El 19 de junio del 2020, un nutrido grupo de prestigiosos abogados colegiados presentó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ante el Ministerio Público Fiscal una denuncia por el Artículo 23 del Reglamento Disciplinario para los magistrados del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

Esta demanda llega para comprometer aún más la situación del sistema judicial de la provincia de Corrientes, que durante la gestión macrista sumó cientos de denuncias por connivencia judicial contra el fiscal general subrogante Carlos “el alemán” Schaefer, la jueza Cristina Pozzer Penzo y un grupo de fiscales que llegaron a sus puestos tras ser “desaprobados” en los concursos de cargos de la carrera judicial.

De este modo, está cada vez más débil “la barrera de la corrupción” integrada por fiscales, jueces, la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

La denuncia acusa los procederes corruptos y arbitrarios del fiscal Carlos Schaefer, la fiscal Mirian Benítez y el fiscal Fabián Martínez, entre otros, apuntados por haber sido puestos “a dedo” por los ex ministros Germán Garavano y Patricia Bullrich y acusados del sistemático armado de causas y de operar en forma asociada para sacar del medio al fiscal Benito Pont de Paso De Los Libres que contaba con 25 años en la función y de trayectoria intachable.

Una de las causas bien escandalosas conocidas y que sacudió a la provincia de Corrientes es la que le armaron al juez federal Carlos Soto Dávila y sus colaboradores Federico Grau y Pablo Molina.

Cabe recordar que Carlos "el alemán" Schaefer ya había estado en el ojo de la tormenta desde 2013 cuando los organismos de Derechos Humanos lo escracharon por que justificaba la “Teoría de los dos demonios” y defendía el “Terrorismo de Estado” durante sus oficios como defensor oficial.

La durísima denuncia presentada en Buenos Aires contó con el apoyo y acompañamiento del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción cuya presidenta es Susana Raggio y fue firmada por quince de los letrados más prestigiosos de Corrientes llevando las firmas de puño y letra de los doctores Juan Carlos Coulleri, Claudio Sussini, Oscar Tovani, Tomas Chalup, Rodrigo Javier Nenda, Fernando Colunga, Luciana Velazquez, Dionisio Velasco, Lautaro Fuentes, Luis Donato Lasco, Julio Cesar Vischi, Guillermo Scheidler, Héctor Iván Escalante, Roberto Vischi y Jorge Horacio Olivera.

En tiempos de cambio, cuando los correntinos bregan por purgar la vieja mafia a la Justicia, un nutrido grupo de prestigiosos juristas apoyados por el Colegio Público y vecinos de Paso de los Libres, presentaron una denuncia penal contra el fiscal Carlos “El Alemán” Schaefer y el procurador general Eduardo Casal por connivencia en actos de corrupción, armado de causas a inocentes y los nombramientos cuestionados colegas y socios.

Entre los sospechosos y desaprobados fiscales nombrados entre gallos y medianoche cae bajo la lupa la fiscal subrogante Mirian Benitez quien más allá de tener en su contra decenas de denuncias, cuenta en su haber con una historia muy distintiva: pertenece a la tropa de los fiscales que no superaron los concursos a cargos judiciales y fue desaprobada con bajísimas calificaciones así como su colega el fiscal Fabián Martinez.

Schaefer y Benitez son viejos amigos ya que ambos, junto al fiscal Fabián Martínez y a la jueza Cristina Pozzer Penzo, conformaron un cuarteto de asociación ilícita dedicado al armado de causas.

Cabe destacar que la senadora Ana Almirón exigió al procurador casal explicaciones por las designaciones apócrifas masivas pero nunca recibió respuesta del funcionario hasta el día de la fecha, motivo por el cual las esperanzas de los denunciantes están puestas en la investigación que tiene a cargo el juez federal de Paso de Los Libres Gustavo Fresneda y que nuclea entre otras las maniobras extorsivas del clan macrista integrado por Carlos Stornelli, Marcelo D'Alessio, Patricia Bullrich, Germán Garavano, entre otros contra el juez Carlos Soto Davila que los denunció, por el armado de la causa en su contra, resquebrajando ese pacto de poder que se cae a pedazos tras la caída política de Mauricio Macri.

A su vez, tras una investigación, se comprobó que Mirian Benitez le alquila una vivienda en la calle Bonpland a Antonio Monti, casualmente esposo de la jueza Cristina Pozzer Penzo y dueño de una clínica de dudosa reputación, a quien -según los pasillos de tribunales correntinos- Benitez le abona el alquiler con “favores judiciales” ya que la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) no encontró durante una investigación por lavado de activos, comprobante alguno que amerite el blanqueo de tal transacción contractual.

Tras enterarse de esta maniobra irregular y arbitraria por parte del “Alemán Schaefer” y sus secuaces, durante la feria -por motivo de la cuarentena pandémica- cientos de ciudadanos correntinos no pudieron apersonarse en los tribunales por el aislamiento obligatorio y abarrotaron de correos electrónicos la página de la Justicia provincial enviando sus denuncias a la casilla denuncias@juscorrientes.gov.ar o llenando los formularios de contacto en el sitio web www.juscorrientes.gov.ar.

Además de Mirian Benitez, el fiscal Fabián Martinez también fue desaprobado, lo que en cierta manera deja a las claras la "vista gorda"realizada por el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, que mínimamente actuó con desidia pasando por alto dichos nombramientos a dedo y no por el mérito profesional y de conocimiento jurídico requerido en los concursos de cargos judiciales.

En momentos históricos en los que las palabras “memoria”, “verdad” y “justicia” resuenan muy poderosas, los correntinos se mantienen alerta y no paran de denunciar los “chanchullos” y “negocios sucios” de nombres que resuenan por sus prácticas delictivas, armado de causas y dictados de “prisiones preventivas” absolutamente indiscriminadas.

Por último, cabe recordar que el fiscal Carlos Schaefer es famoso por adorar con fanatismo cuasifascista la doctrina de la teoría de ‘Los dos demonios” y ya en 2013 los organismos de derechos humanos lo denunciaban e impugnaban su nombramiento porque, como defensor oficial, justificaba el “terrorismo de Estado”.

Hoy, la provincia de Corrientes alerta, despierta y firme en sus convicciones quiere definitivamente volver a respirar aires puros para que sus habitantes griten fuerte: “Libertad, Verdad y Justicia”.

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