Las pericias informática y contable confirmaron que se trató de una maniobra de phishing, ejecutada desde otra localidad y sin que el sistema bancario activara una sola alerta de seguridad. La jueza fue contundente: “La apariencia de confiabilidad del sistema online impone su uso y obliga a la entidad a garantizar su seguridad”, sostuvo en los fundamentos.

Amparada en la legislación de defensa del consumidor, la magistrada recordó que el Banco Central exige medidas preventivas para evitar daños, y rechazó el clásico argumento de las entidades financieras que culpan al cliente. “La actividad bancaria es riesgosa por naturaleza y debe contar con mecanismos de seguridad informática que garanticen la genuinidad de las operaciones”, señaló, citando fallos del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes y de la Cámara de Apelaciones de Curuzú Cuatiá.

El fallo, fechado el 23 de septiembre de 2025, ordena al banco a restituir los fondos sustraídos, pagar 749 mil pesos por daño emergente, 17.440.728 millones de pesos por pérdida de chance (el rendimiento que la empresa habría obtenido) y un daño punitivo de 35.234.578 millones de pesos, una multa ejemplar por la inacción del Galicia. El monto total supera los 63 millones de pesos, más intereses a la tasa activa del Banco Nación hasta su cancelación.

Más allá de la cifra, el caso marca un precedente fuerte en la Provincia: deja en claro que los bancos no pueden desentenderse de los fraudes electrónicos. La Justicia empieza a cerrarles el camino a las excusas técnicas y a exigir algo básico en la era digital: que la banca online sea realmente segura.