Es así que en la primera jornada de debate quedó clara la estrategia de apuntar contra la ilegalidad de la investigación paralela a la causa Sapucay. La defensora de Soto Dávila, Mariana Barbitta, planteó que hubo violación del principio de juez natural, pues la causa comenzó a ser investigada por el juez Sergio Torres cuando estaba al frente del Juzgado Federal 12 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como lo que denominó la ausencia de pruebas directas.

De acuerdo con ese planteo, de los ocho hechos que se le imputan al ex magistrado no se desprenden escuchas que refiere al supuesto delito de coimas, ni con los abogados que habrían oficiado como intermediarios ni con sus secretarios penales. Desde la defensa de Soto Dávila, asesorada además por el abogado Juan Francisco Soto Dávila, se niegan esas operaciones y se afirma que el ex juez correntino registró los índices más altos de captura de narcotraficantes, así como de secuestro de drogas en su jurisdicción.

Asimismo, Valeria Corbacho, defensora de Molina, planteó la nulidad absoluta de todo lo actuado, sobre la base de que el inicio de la causa está basado en "legajos secretos". "Durante un año y un mes estos legajos que dieron origen a la causa, permanecieron en un éter donde se iban acumulando pruebas a las que las defensas no teníamos acceso; se sacaban y se ponían elementos que no conocemos cuando por mucho menos terminó con­denado el ex juez (Juan José) Galeano", dijo la abogada.

Es así que según la imputación, los fiscales originales del caso, Diego Iglesias, por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), y Carlos Stornelli por la primera instancia, les imputan haber percibido 1.345.000 pesos, sumando distintos pagos, por diversas resoluciones que representaban alivio procesal para integrantes de las organizaciones narcocriminales de Itatí. En la instancia del juicio es el fiscal Carlos Schaefer quien sostiene las imputaciones contra Soto Dávila.

De esta manera, luego de una jornada tensa y con los planteos de nulidad por parte de los imputados en la megacausa, se dio a conocer que la próxima audiencia, está prevista para el próximo 29 de junio por la mañana. Se prevé que el principal acusado declare en julio.

Cabe consignar que el ex titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Corrientes, Carlos Soto Davila, está procesado como líder de una organización criminal que cobraba a coimas a contrabandistas de marihuana para aplacar su situación procesal, configurando además del delito de asociación ilícita, el de cohecho pasivo agravado y prevaricato en calidad de autor, en ocho oportunidades, sostiene el Ministerio Público. Asimismo, Molina por los mismos delitos en cinco oportunidades, y Grau por otras cinco, ambos como partícipes necesarios.

En esta línea, tras la primera audiencia hizo declaraciones el fiscal ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes, doctor Carlos Schaefer, y desestimó la posibilidad de que el juicio se caiga, dado que en la primera embestida defensiva se planteó en forma directa la nulidad del expediente por supuestas irregularidades cometidas por el magistrado Torres durante la primera etapa de la pesquisa que derivó en la renuncia de Soto Dávila en febrero de 2019 -para poder acceder a una jubilación de privilegio- y la detención de dos de sus secretarios en el Juzgado Federal de Primera Instancia: Pablo Molina y Federico Grau, también enjuiciados.

"Todas las acciones ahora cuestionadas ya fueron ratificadas por la Cámara (Federal de Apela­ciones)", dijo Schaefer, para quien el planteo de la defensa reitera el mismo esgrimido en el momento de los procesamientos.