Este viernes 5 de abril el doctor Ramón Alberto Ríos, Juez de Juicio Unipersonal de la ciudad de Mercedes, impuso una pena de un año y ocho meses de ejecución en suspenso y tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. A su vez impuso reglas de conducta por este hecho juzgado y resolvió unificar la condena en razón de contar con una condena anterior de seis meses.

Así, el doctor RÍOS expresó de manera suscinta, conforme las previsiones legales (Art. 339 del CPP), los motivos entre los que mencionó principalmente la imposibilidad de volver al estado anterior en su totalidad (ya que la vivienda usurpada fue destruida y los bienes muebles fueron devueltos parcialmente a la víctima).

Durante la audiencia, en primer lugar, el Ministerio Público Fiscal representado por el doctor Juan Carlos Alegre solicitó la imposición de dos años de prisión de cumplimiento en suspenso, y requirió la unificación de pena, con una condena anterior del acusado de un monto de seis meses, resultando, conforme su cálculo, el requerimiento de aplicación de dos años y seis meses de prisión de pena unificada (artículo 58 del Código Penal), de cumplimiento en suspenso; y la inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo.

Por su parte, la Defensa Oficial ejercida por la doctora Julieta Lacroze, se opuso al planteo fiscal y requirió la aplicación del mínimo de la condena, sin inhabilitación por entender que al no resultar firma la sentencia, resulta inaplicable.

Dentro del quinto día hábil, el juez dará a conocer los fundamentos de la sentencia.

El hecho

El hecho ocurrió el 9 de diciembre del 2021, cuando el Intendente llegó hasta la casa de un vecino aprovechando que no se encontraba nadie y con una topadora tiró abajo su vivienda. El vecino tenía permiso de ocupación que le había otorgado la Municipalidad de la localidad.

Entre los fundamentos, el juez Ríos determinó que “quedó probado en la audiencias la usurpación de la vivienda, que era propiedad del denunciante López”. Además remarcó “el uso de violencia” y que “no quedó probado la existencia de un acuerdo previo entre Castellanos y López”.

En el veredicto se menciona que “está probado el despojo de la propiedad y la destrucción de la casa”. Respecto al abuso de autoridad se hizo mención a que “Castellanos es el intendente de Perugorria y abusó de sus facultades de funcionario público”.

Ríos remarcó que “el hecho se cometió en la clandestinidad ya que López no estaba en el lugar y nunca fue avisado ni sabía que su vivienda iba a ser derrumbada”.