La Asociación de Mujeres Penalistas de la República Argentina presentó un recurso para que Sandra Beatriz Martínez y su hija Ludmila Zerrizuela Martínez sean liberadas. Plantean que ambas están en prisión preventiva hace tres años y medio “con los plazos de esa medida de coerción, absolutamente vencidos”.

Ambas fueron detenidas el 10 de diciembre de 2017, acusadas de haber intervenido en el homicidio de Justa Valenzuela, una mujer de 86 años que fue hallada muerta con un crucifijo en la garganta dentro del cementerio de la localidad de 9 de Julio. Sin embargo, no se encontraron pruebas de su participación en el crimen.

“Jamás se explicó los motivos por los cuales se aplica el inciso 6° del artículo 80 del Código Penal -esto es, un homicidio para ocultar un delito- al sostener que se trata de un homicidio criminis causae: ¿fue para preparar, Facilitar, Consumar u ocultar otro delito?, o por el contrario, ¿estamos hablando de asegurar sus resultados o procurar la impunidad para si o para otro?, o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito?”, se preguntó la abogada Mariana Barbitta, representante de la AMPA.

“Falta de una descripción clara y precisa del hecho por el cual se ha elevado esta causa a juicio y no se sabe cuál es el hecho 11 concreto que se le imputa a Sandra y Ludmila y su vinculación con la prueba de cargo”, expresa el escrito.

Ante todo esto, se reclamó al Superior Tribunal de Justicia que analice la situación y libere a las imputadas y sentencia: “el excesivo plazo que llevan las imputadas detenidas y en la medida que lo resuelto implica una vulneración de derechos y garantías constitucionales que causan un gravamen de imposible reparación ulterior”.

Por otra parte, denunciaron que ambas fueron víctimas de una extorsión y estafa por parte de un abogado del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles.

Se trata de Daniel César Almirón, quien había sido condenado por asalto a mano armada y se fugó de la Cárcel Penitenciaria de Resistencia, donde cumplía una condena de 12 años. Tras salir y recibirse allí mismo como abogado, formó una asociación y esto le permitió ingresar al Comité Provincial contra la Tortura de Corrientes.

Debido a que ella se negó a firmarle la sesión de sus bienes, éste buscó al hijo menor de ella, de 12 años, a quien lo privó de la libertad en “Amaneceres de Esperanza”, hasta que la mujer accedió a desprenderse de un terreno de 11 hectáreas en el barrio Santa Rita de la ciudad de Corrientes.