Uno de los casos más escandalosos es el de una supuesta obra de “cordón cuneta” valuada en 264 millones de pesos, que figura en los balances oficiales pero nunca se ejecutó en el terreno, según se afirma en el documento de 45 fojas.

Otra situación llamativa es el gasto de 1.515 millones de pesos asignados a la Secretaría de Derechos Humanos municipal, un área que cuenta con apenas dos empleados y cuya inversión supera ampliamente a la de sectores críticos como Salud o Acción Social. El contraste generó sospechas inmediatas sobre la veracidad y transparencia del destino de esos fondos.

La presentación también apunta contra una obra de “conectividad de las principales avenidas”, presupuestada en 3.000 millones de pesos, pero que no presenta avances visibles ni registros públicos que justifiquen su ejecución.

“Estamos hablando de cifras astronómicas que no se reflejan, ni en el desarrollo urbano ni en los servicios para la comunidad”, sostuvo a los medios Aguirre, quien además denunció haber solicitado en reiteradas ocasiones acceso a la información pública a través del Concejo Deliberante, sin recibir ninguna respuesta.

El documento señala que las irregularidades podrían configurar delitos como malversación de fondos y evasión fiscal, y pide a la Justicia que intime a los proveedores municipales para presentar la documentación correspondiente sobre cada obra y su ejecución real.

El escándalo estalla en un contexto de creciente malestar social por la falta de respuestas ante las recientes inclemencias climáticas que afectaron a la ciudad. Mientras los vecinos reclaman soluciones concretas, la gestión de Ascúa queda bajo una lupa judicial a días de la llegada a esa localidad de la líder de su espacio político, Cristina Fernández de Kirchner.