Se trata del referente local de la Unión Cívica Radical en Mercedes, Corrientes, Ricardo Colombi quien, luego de haber sido denunciado por supuestamente estar vinculado al narcotráfico, intenta jugar con las mismas cartas con la que lo dejaron en evidencia.

El senador provincial, visiblemente desgastado políticamente, intenta recuperar el terreno perdido en su propia ciudad, Mercedes, donde dijo que es perseguido “por jefes de la droga” y por “una bandita de traficantes”. Textual: “Me persiguen los jefes de la droga”, dijo en una radio de la Capital correntina, en el programa radial de una pseudoperiodista, también caída en desgracia.

Los dichos valieron una réplica en los estrados, porque el intendente de Mercedes, Diego Caram, pidió formalmente que la Justicia Federal corrobore esos hechos. El jefe comunal tuvo que actuar de esa manera porque ninguna autoridad judicial tomó nota de los hechos denunciados.

Es que, amparado en sus fueros, pero también inmunizado por sus vínculos personales con funcionarios judiciales, Colombi emitió impunemente esa denuncia que reviste gravedad porque se trata de supuestos actos ilícitos por parte de funcionarios.

Pero tras la acusación mediática, difundida en radios, páginas web, redes sociales y hasta cadenas de WhatsApp, ninguna autoridad judicial activó el "protocolo" -palabra tan de moda por la crisis sanitaria disparada por el Covid19- que demanda el conocimiento de la supuesta ocurrencia de un hecho ilícito.

En otros términos, ningún funcionario judicial provincial ni federal tomó nota de que, según el legislador provincial, existiría una organización criminal que opera utilizando las estructuras estatales para cubrir sus acciones.

El hecho reviste gravedad debido a que, de ser cierto lo que denuncia Colombi, la Justicia sería cómplice (por omisión) del desarrollo de una acción criminal, el narcotráfico, actividad que afecta a la salud pública y que además trae como consecuencia otros ilícitos conexos, como el lavado de activos y hasta homicidios.

La seriedad que revisten los dichos de Colombi ameritan una rápida acción de oficio de las autoridades, no sólo por los hechos a los que se hace alusión, sino porque la certeza de la supuesta existencia de esos delitos está avalada por la embestidura de quien lo expone, un representante del pueblo elegido por el voto popular.

La responsabilidad de investigar es de Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, titular del Juzgado Federal de Paso de los Libres y, casualmente, amigo de un grupo de personas acusadas por trata de personas y ex abogado personal de Colombi. Por lo dicho, sería difícil que este magistrado traicione a su mentor.

Pero, también deberían investigar los dichos del mercedeño los integrantes del Ministerio Público Fiscal, en la cabeza de Carlos Schaefer y de Aníbal Martínez, fiscal de Paso de los Libres, quienes ya tienen carpetas donde está escrito el apellido del tres veces gobernador provincial.

De ser verdad lo que expuso el senador Colombi, los fiscales deberían perseguir a los supuestos criminales. Pero, ser una falacia esas expresiones, se debería aplicar el Código Penal Argentino que en su artículo 245 dice: “Se impondrá prisión de dos (2) meses a un (1) año o multa de pesos setecientos cincuenta (750) pesos a doce mil quinientos (12.500) al que denunciare falsamente un delito ante la autoridad”.

Cola de paja

Una frase popular dice que "el ladrón cree que todos son de su condición". La afirmación carece de fundamento científico, pero la lengua popular pocas veces se equivoca.

Y es que Colombi hace denuncias porque tiene sobre sus espaldas un gran bagaje de expedientes con su nombre. Pero sabe que, aun cuando fuese irreal la denuncia, posee fueros y que por ello puede eludir a la Justicia. Es que ser hallado culpable de algún delito, no sería encarcelado. Y es que, de activarse investigaciones en su contra, no sería la primera vez.

Ya estuvo involucrado en una investigación iniciada en 2009 por una denuncia realizada por el fallecido empresario de medios Hernán González Moreno ante la supuesta evasión tributaria.

En esta causa lo que aún queda por establecer es si Marcelo Laslo, un ex empleado de Pami, había puesto comprado una casa, ubicada en la calle 9 de Julio y Perú de la ciudad de Corrientes (valuada en un millón de dólares) y que luego traspasó a título gratuito al a nombre de Colombi en una fecha insólita: 31 de noviembre.

Esta misma acción involucra traspasos de dudosa legalidad de otros dos inmuebles en la Capital correntina.

En otra investigación del fuero federal, la fiscal de Reconquista, Viviana Bruno, y la Procuraduría de Violencia Institucional investigan a Colombi y a uniformados de la Policía provincial por irrumpir en un allanamiento con el fin de evitar la detención de dos narcotraficantes.

Lo que se averigua es la posible comisión del delito de entorpecimiento a la Justicia por haber bloqueado las detenciones y el secuestro de droga el 21 de diciembre de 2016 en la ciudad de Goya.

Un año después Colombi apareció vinculado, en otra causa federal, a un comandante retirado de Gendarmería procesado por la explotación sexual de mujeres en Paso de los Libres.

La red de trata de personas explotaba a mujeres argentinas, brasileñas y paraguayas. La investigación que permitió desbaratarla comenzó en 2013.

En el expediente hay constancias de un diálogo entre Colombi y Viero. Ambos hablaban de manejar la designación de Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda, como juez federal de esa ciudad. Así sucedió finalmente; Fresneda fue nombrado juez y esa causa se paralizó.

En 2017 otra vez el nombre de Colombi apareció en una causa por narcotráfico. Es cuando se investigó a una red de narcomenudeo y lo nombraron como el protector de una banda conocida como la de "El Brasilero", en Mercedes. Nunca culmino la investigación de estos vínculos.

En la Capital, en tanto, se lo señaló como quien protegía a Abelardo “Martillo” Acevedo, uno de sus custodios quien estaba vinculado desde la clandestinidad a la fuerza policial y que desde su lugar de guardaespaldas tenía impunidad para comprar y vender drogas, realizar préstamos de dinero por fuera del mercado local y comercializar automóviles que compraba con dinero en negro.

En 2018 a Colombi lo rozó la causa del Operativo Sapucay en el que se investigó el tráfico de miles de kilos de marihuana desde Corrientes a siete provincias argentinas.

Es que un testigo de identidad reservada dijo que el entonces gobernador, supuestamente a través de un ministro le daba vía libre a las bandas narco para operar en la provincia.

En ninguna de estas causas -todas del fuero federal- el mercedeño fue llamado a declarar.

El proceso judicial en que estuvo más complicado fue el de la adquisición irregular de casas, pero la acusación se fue esfumando con el paso del tiempo hasta que quedó parcialmente desvinculado.

En el fuero provincial no se activó ninguna investigación.

Esto es porque todos los jueces y fiscales fueron nombrados cuando él era gobernador y sus designaciones contaron con su aval. O, lo que es lo mismo, existió un acuerdo político para que Colombi los pusiera en un cargo.

Cabe recordar que Ricardo Colombi también integra el Consejo de la Magistratura provincial y por ello tiene el poder de remover jueces y fiscales provinciales.

Por ello, los funcionarios le temen y hacen la vista gorda cuando comete un delito.

La prueba de esto es, por ejemplo, que el pasado 29 de marzo, Colombi, quien también es vicepresidente de la Unión Cívica Radical, sale de su casa para distenderse y andar en bicicleta ante la vista de los policías, el fiscal en turno y hasta la jueza de instrucción.

Así consta en un video registrado en la ciudad de Mercedes, donde el legislador reside y hasta donde viajó para "pasar la cuarentena".

El transeúnte, quien sería un trabajador de la salud, habilitado para circular, transitaba por el ingreso al poblado del centro provincial cuando descubrió a Colombi en una bicicleta con la que, aseguran, diariamente sale a realizar un periplo de unos 10 kilómetros.

Las imágenes fueron difundidas en las redes sociales, canales de televisión locales, provinciales y hasta en los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El fiscal en turno, Adrián Casarrubia -quien fue colaborador de Colombi cuando éste era intendente- obvió investigar el hecho. Tampoco lo hizo el Juzgado de Instrucción en turno.

Ese mismo día, habían sido detenidos en la provincia 110 personas, por salir sin justificativo de sus casas y romper la cuarentena. Entre ellos, no estaba Colombi.