Panorama Político Correntino
Presión

Exigen una legislación que garantice los derechos de los menores en medio de una Justicia mezquina

En la provincia el poder político sopesa más que los derechos de niños y adolescentes. (Dibujo: NOVA)

Los aberrantes hechos de maltratos y vejaciones ocurridos en el Hogar de Menores de Gobernador Virasoro siguen aun sin esclarecerse. Esta semana finalizaron las rondas de declaraciones de los testigos, por los casos de supuestos abusos: María de Nazaret y Rincón de Luz de Gobernador Virasoro.

Y ahora citarían a declarar a Sonia Andrea Prystupczuk, principal acusada y exdirectora del hogar de menores, quien fue separada del cargo por el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, teniendo en cuenta que el refugio de menores depende del estado provincial.

Más allá de las intervenciones del organismo provincial del cual depende el hogar de menores de Gobernador Virasoro, la Justicia correntina aun no da garantías para avanzar con el esclarecimiento de los hechos en el hogar del horror. Cabe recordar que en ese lugar un menor de 14 años se suicidó alojado en una habitación de la institución, donde según el hermanito de la víctima que lo encontró, estaba aislado a modo de penitencia.

Tras este fatídico hecho, los adolescentes que viven y vivieron en los hogares Rincón de Luz” donde se alojan mujeres y el “María de Nazaret” de varones, comenzaron a contar episodios de abusos y torturas, afirmando además, que también en varias oportunidades intentaron quitarse la vida.

En este contexto, esta semana hubo una multitudinaria movilización en Gobernador Virasoro y en distintos puntos de la provincia, inclusive en Capital reclamamos que el Sistema provincial Promoción y Protección de Derechos de niños, niñas y adolescentes responda de manera efectiva frente al riesgo o amenaza en sus derechos, evitando la separación de sus familias y la Institucionalización.

Asimismo las organizaciones que responden a los derechos de la niñez y la adolescencia que encabezaron la movilización pidieron a los estamentos judiciales y estatales avanzar urgente en la designación del defensor provincial de derechos de los niños y adolescentes.

Sin respuestas aun a sus peticiones, “reclamamos que se sancione una ley Provincial de Promoción y Protección de derechos que ponga en marcha una estructura acorde para garantizar a nivel provincial lo propuesto en la Ley Nacional 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes”, señalaron

Las distintas organizaciones sociales de derechos humano pidieron que quienes gobiernan la provincia y los distintos poderes del Estado se sientan interpelados y puedan hacer una autocrítica madura y responsable para avanzar en las transformaciones que necesita la provincia en materia de Niñez, Adolescencia y Familia.

Mientras tanto en la provincia el poder de turno desvía la mirada hacia otros temas como la paridad de género en los cargos electivos legislativos, las internas partidarias del radicalismo, que está en puerta, sumado a otros temas coyunturales como la asistencia como consecuencia de los incendios de los últimos meses en la provincia.

La política primero, los menores pueden esperar. Es la dura realidad que atraviesa la provincia. El faltazo del ministro de Desarrollo Social de la provincia, Adán Gaya, fue uno de los primeros detonantes de la falta de garantías por parte del estado provincial para avanzar en el esclarecimiento del caso en Virasoro.

Aunque en el inicio de esta semana, el Ministro de Justicia de la provincia, Juan José López Desimoni fue recibido en una reunión protocolar por el Fiscal General de la provincia Cesar Sotelo, donde abordaron distintos temas institucionales vinculados a la violencia de género, de niños y adolescentes. Proyectos en común que según señalaron hacen a la optimización del servicio de la justicia en la provincia de Corrientes.

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