La jueza que está en la mira se llama Cristina Pozzer Penzo, quien trabaja en Goya, y de acuerdo a las fuentes, es esposa de un policía federal exonerado por pedir coimas a una tabacalera de Concordia, Entre Ríos.

De acuerdo a los denunciantes, que prefirieron no ser identificados, el policía corrupto que fue echado de la fuerza es Eduardo Ramón Burruchaga.

Con Burruchaga fuera de la Federal, la jueza ahora utiliza a otros agentes policiales para continuar con los hechos delictivos que consisten en protección de domicilios y la orden de no controlar rutas y caminos rurales en horarios específicos.

Uno de los integrantes de la Policía Federal apuntado es el Sargento Primero Raúl Alberto Valenzuela, un suboficial al que no se le conoce destino, pero que amenaza e intimida a integrantes de la Policía provincial de Corrientes.

Valenzuela hace alarde de sus contactos políticos y judiciales y ordena que no se registren camiones jaulas en los que se efectuarían actividades de contrabando.

El presunto policía corrupto tiene autos de alta gama y mansiones y se mueve como un capo delincuente, y hasta dicen que es propietario de una fábrica de muebles de algarrobo.

Sobre la jueza afirman que ya pasó por juzgados en Paso de los Libres, Corrientes capital, Reconquista, Santa Fe y Concordia, Entre Ríos, y que conoce la dinámica de los narcotraficantes, los contrabandistas y los proxenetas.

Las denuncias involucran también a la inspectora Graciela Elizondo, a cargo de la delegación de la Policía Federal de Goya, debido a que han desmantelado la casona donde funciona la sede de la fuerza.

Indican los denunciantes que cortaron palmeras históricas, los baños se encuentran en estado deplorable y faltan muebles costosos.

Lo que más llama la atención de la jueza es que su esposo fue exonerado en 2021 luego de una causa penal en su contra iniciada en 2015, y sería casi imposible que ella no supiera de la actividad ilícita de su marido.