Intendente de Mburucuyá denunció una nómina irregular con más de 300 empleados y sueldos ilegales
El intendente de la localidad correntina de Mburucuyá, Edgar Galarza Florentín, denunció graves irregularidades en la administración municipal heredada de la gestión anterior, al revelar la existencia de una nómina de más de 300 empleados, muchos de ellos sin funciones reales, sin documentación legal y con salarios arbitrarios, algunos cercanos al millón de pesos.
En declaraciones a la prensa, el jefe comunal llevó tranquilidad a los trabajadores que efectivamente cumplen funciones y aseguró que los fondos para el pago de sueldos están garantizados, aunque explicó que se atraviesa un proceso de regularización administrativa y legal debido al “estado desastroso e ilegal” en el que se recibió el municipio.
“Queremos llevar tranquilidad a todos los trabajadores reales de Mburucuyá. El dinero está y los salarios se van a pagar muy pronto. Lo que estamos haciendo es ordenar y legalizar una situación que la gestión anterior manejó de forma totalmente irregular”, afirmó Galarza Florentín.
El intendente asumió el pasado 10 de diciembre de 2025 y, desde hace más de un mes, su equipo técnico trabaja en un proceso de normalización del personal municipal, en el marco de una comuna que se encuentra técnicamente en emergencia, tanto económica como administrativa.
Según el informe elaborado por el nuevo equipo de gobierno, se detectaron numerosas irregularidades:
Más de 300 personas figuran en la nómina municipal, muchas de ellas sin legajo, sin escalafón y sin acto administrativo que respalde su contratación.
Se detectaron aumentos salariales otorgados de manera ilegal, con fuertes desigualdades entre trabajadores que realizaban tareas similares.
Existen registros de sueldos cercanos al millón de pesos, sin justificación sobre las funciones desempeñadas.
Una parte del personal no se presentó a trabajar desde el 10 de diciembre, pero continúa en la nómina para percibir haberes.
Los trabajadores que sí cumplen funciones tenían salarios básicos fijados de manera arbitraria e ilegal.
Además, Galarza Florentín cuestionó el estatuto del empleado municipal, aprobado recién en diciembre de 2025 por la gestión de Pablo Kelo Guastavino, al considerarlo ilegal y diseñado para beneficiar a los llamados “ñoquis”. Según explicó, el estatuto no respeta principios básicos del derecho laboral, como la igualdad salarial por igual tarea.
En cuanto a los pagos, el intendente aclaró que el aguinaldo fue abonado en tiempo y forma, mientras que el sueldo de diciembre presenta una demora de cuatro días, ya que al 14 de enero aún restaba su cancelación debido al proceso de revisión y ordenamiento administrativo.
Finalmente, el jefe comunal adelantó que la nueva gestión convocará a sesiones extraordinarias del Concejo Deliberante para aprobar una ordenanza que declare la emergencia municipal, herramienta clave para avanzar en la normalización de la planta de personal y garantizar transparencia en la administración.








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