La sentencia atribuyó responsabilidad objetiva al Estado Provincial por falta de servicio y ordenó el pago de daños materiales y morales a la madre del fallecido.

La demanda había sido presentada a mediados de 2023 y tramitó como juicio por audiencias, con producción de numerosas pruebas, incluidas las de la causa penal.

Falta de servicio estatal

El tribunal determinó que hubo actuación y omisión antijurídica por parte del Estado al no garantizar la seguridad y la vida del joven bajo su custodia.

La sentencia destacó que no surgió evidencia de que Candia hubiera iniciado un motín ni que estuviera agrediendo al personal o a otros internos al momento del disparo.

La jueza basó su decisión en jurisprudencia de la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, enfatizando el deber estatal de proteger a quienes están privados de libertad.

Además, rechazó el planteo del Estado que solicitaba esperar la resolución de la causa penal, argumentando que se trata de un reclamo fundado en responsabilidad objetiva, donde no es necesario individualizar culpables ni demostrar culpa específica.

El juzgado rechazó el reclamo por daño psicológico de los hermanos al no acreditarse secuelas clínicas vinculadas directamente al hecho.