Durante ese difícil período, la mujer retomó contacto con un ex pareja (al que había dejado por presuntas conductas de consumo de drogas y episodios violentos) y, a pesar de ello, él volvió a formar parte de su vida.

Tras la firma del divorcio en septiembre, la expareja se instaló en Corrientes junto a su nueva pareja, mientras Ariel asumía la custodia de sus hijos durante las vacaciones 2021/22, recibiéndolos en Buenos Aires.

Revelaciones de abuso y testimonios infantes

La situación se tornó aún más preocupante cuando, durante las vacaciones, los propios niños le contaron a Ariel episodios de maltrato.

Según el relato, uno de ellos confesó que “el tipo” les pegaba y les trataba de estúpidos, y ambos expresaron el deseo de vivir con él en lugar de quedarse con la madre. El relato tomó un giro alarmante durante una salida al club en febrero, cuando, tras bañarse, la niña se vistió y se dirigió al patio.

Allí, en presencia de familiares, se sentó en una silla de jardín, abrió las piernas y comenzó a tocarse de forma que, al ser reprendida, explicó: “Así me hace Enrique”.

Este impactante testimonio, que se habría dado cuando la niña tenía apenas cuatro años, fue el detonante para que Ariel presentara una denuncia en el juzgado de San Martín, donde se impuso una medida perimetral contra el presunto agresor, medida que según su relato, sigue vigente.

La batalla judicial y obstáculos administrativos

A partir de ese momento, comenzó una serie de enfrentamientos en el ámbito judicial. Durante una comparecencia a principios de marzo, la madre se presentó en el juzgado y, en entrevista con la psicóloga, solicitó llevarse a los niños a la casa de un familiar (prometiendo devolverlos al día siguiente a las 18 horas), petición que fue autorizada bajo la condición de que al día siguiente se reintegraran a Ariel.

Sin embargo, en abril de 2022 la situación se complicó aún más. Ariel recibió notificaciones de una orden perimetral de 180 días emitida por el Juzgado 2 de Corrientes Capital, a cargo de la jueza María Mercedes Sosa, en denuncias por amenazas y hostigamiento.

Su abogado anunció que presentaría denuncias adicionales por “MEV”, mientras la causa era trasladada del juzgado de San Martín al de Corrientes, en un proceso que, según Ariel, vulnera diversas normativas legales.

Ante la frustración, Ariel tomó medidas que incluyeron denunciar públicamente la situación y participar en protestas, integrándose a grupos de “padres obstruidos”.

En sus visitas al juzgado en Corrientes, asegura haber sido impedido de acceder al expediente del caso, derecho que le corresponde por ley. Ante esta situación, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Corrientes por abuso y maltrato, accediendo incluso a peritar su celular para aportar evidencia.

Reencuentro y continuación del conflicto

Un prolongado silencio (de casi un año y 10 días sin tener noticias de sus hijos) se rompió el 6 de marzo, cuando durante una audiencia la jueza Sosa reconoció la existencia de una denuncia falsa y levantó la orden perimetral.

Dos días después, Ariel pudo volver a reunirse con sus hijos. Sin embargo, el conflicto judicial persiste, ya que él sostiene que sus hijos continúan en un ambiente de descuido y maltrato.

Relata que, en el caso de su hijo, la situación llegó al extremo de una sobredosificación de medicación psiquiátrica, intervención que él considera vital para evitar consecuencias fatales.

Ariel denuncia además la obstrucción en el vínculo parental por parte de la progenitora, quien, según él, emplea todos los medios para evitar que se comunique con sus hijos.

Mientras la causa judicial sigue su curso, el relato señala que la jueza Sosa enfrenta, a su juicio, cinco pedidos de juicio político por hechos graves, y que la demora en el proceso parece buscar que él se rinda.

Asimismo, critica la inacción del servicio social de Corrientes, alegando que su caso no es aislado sino que existen muchas situaciones similares en la región.

Un caso que trasciende

Aunque Ariel Pereira cuenta con un video en el que la niña detalla lo ocurrido, la materialidad del testimonio no puede ser publicada. La historia expuesta es un llamado a la reflexión sobre la protección de los menores y la efectividad del sistema judicial y de servicios sociales ante denuncias de maltrato y abuso.

La lucha de Ariel se enmarca en un contexto de denuncias que ponen en evidencia posibles fallas en la actuación de las autoridades y el prolongado sufrimiento de familias que se sienten desamparadas ante situaciones de violencia y negligencia.