En la resolución en la que se nombra a los jueces que estarán a cargo del debate también se ordena “a los efectos de continuar con el trámite de las órdenes de detención libradas oportunamente y con la profundización de las otras líneas de investigación” se tomen por concluidos los testimonios obtenidos en la etapa de investigación.

Además indica que “habrá de ahondarse la pesquisa en pos de determinar si Gustavo Gayoso, Iban Cristaldo, Pedro Saucedo y Edgar Milciades Maciel, respecto de quienes se ha decretado la falta de mérito para procesar o sobreseer, tuvieron alguna participación en los hechos objeto de investigación”.

Estos cuatro habían sido sobreseídos por falta de pruebas que los relacione con los hechos investigados. En el caso de Maciel, había sido confundido con otra persona, lo detuvieron en Itatí y lo trasladaron a la cárcel de Marcos Paz donde estuvo detenido casi dos meses, hasta que advirtieron el error.

Finalmente, se mandó a reservar en la copia digital la totalidad del expediente 3.002/2017 remitido al Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 3 para continuar su tramitación en la etapa de juicio oral.

Ahora los magistrados de esa sala de juicio deberán iniciar los trámites de revisión de pruebas y confección de la lista de testigos antes de fijar una fecha para llevar adelante el juicio oral y público.

Causa política

La causa del Operativo Sapucay fue una de las más promocionadas por el Ministerio de Seguridad de la Nación, ya que en plena campaña electoral el juez Sergio Torres había mandado a detener al intendente de Itatí Natividad Terán, del Partido Justicialista, pero también al viceintendente y referente de Cambiemos, Fabio Aquino.

Las detenciones fueron el 14 de marzo de 2017 cuando 800 gendarmes realizaron 46 allanamientos en cuatro provincias y detuvieron a 32 individuos, supuestamente involucrados en el tráfico de estupefacientes desde Paraguay a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y otras siete provincias.

Según el expediente éstos integraban tres organizaciones que distribuían unas 15 toneladas de marihuana por semana y abastecían a bandas como la de Los Monos, de Rosario o a la “Peque” Robles, en la Villa Zavaleta, en Buenos Aires.

Según los testigos de identidad reservada que declararon en la causa –según el juez Torres- las autoridades locales habían protegido supuestamente las actividades de narcotráfico.

En esos testimonios también se nombraban al ex gobernador Ricardo Colombi (Cambiemos) y a ministros del gobierno provincial. Pero ninguno de éstos fue citado.

Para los abogados de los involucrados “en la causa existen personas que sí pudieron haber intervenido en el tráfico de drogas, pero también hay gente detenida con fines políticos y no tienen nada que ver”.