La convocatoria busca visibilizar la urgencia de implementar de manera efectiva una normativa que, si bien fue sancionada y ratificada por el Congreso nacional, permanece trabada en el Poder Ejecutivo.

Incluso después de que el veto presidencial fuera rechazado, el Gobierno nacional continúa sin aplicar la ley, generando un vacío que impacta directamente en miles de familias y prestadores de servicios vinculados a la discapacidad.

"Convocamos a toda la sociedad correntina a que sea empática, solidaria y nos acompañe en esta lucha", expresó, en diálogo con Radionord, Débora Delgado, madre de una niña con discapacidad.

"El tiempo es fundamental en el área de la discapacidad. No somos un colectivo invisible. Vamos a luchar para que los derechos no se vulneren y que las prestaciones no pasen a ser un privilegio".

Prestaciones en riesgo

Las familias denunciaron que las demoras en la ejecución de la ley se traducen en falta de cobertura, pagos atrasados a prestadores, y trabas burocráticas que ponen en riesgo la continuidad de terapias, tratamientos y apoyos fundamentales para las personas con discapacidad.

Uno de los puntos clave del reclamo es la actualización del nomenclador, que permitiría adecuar los aranceles que perciben los profesionales y centros especializados.

Sin esa medida la precariedad se multiplica: los prestadores muchas veces no pueden sostener sus servicios y las familias deben recurrir a recursos de amparo judiciales para acceder a derechos ya reconocidos por la normativa.