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Quieren una mesa de negociacion

Policías reiteran reclamos salariales y piden apertura al diálogo

Esta semana los policías irán a la Casa de Gobierno a insistir con pedidos de reclamos al gobernador Valdés. Habían sido recibidos por el Ministro de Seguridad, Juan Desimoni. (Dibujo: NOVA)

La crisis de seguridad en la provincia de Corrientes tiende a ser cada vez más grave por los reclamos de mejoras salariales y laborales de los trabajadores de la seguridad, pese que tras el cambio de la Cúpula policial se prometió dotar de herramientas a las Comisarías y de otorgar aumentos de haberes.

Los representantes de los policías –que se expresan a través de la Asociación Gremial Policial- habían recibido la promesa de posibilitar las mejoras solicitadas, pero aseguran que los incrementos todavía están sin hacerse efectivos.

Es por ello que preparan una nueva movilización para esta semana con el fin de acercar un reclamo al titular del Poder Ejecutivo, Gustavo Adolfo Valdés.

En el petitorio denuncian además que durante los últimos años la relación entre los funcionarios gubernamentales y los policías fue cada vez más tensa, pese a que fue reconocida la legitimidad de los pedidos de mejoras laborales.

Es por ello que le piden al gobernador el “fin de la persecución a quienes reclaman por la mejora Institucional en la Policía y el Servicio Penitenciario” y que arbitre los medios para dar respuesta a los pedidos que se realizan desde hace varios años y que se comprometa a “no tocar nunca más los derechos salariales y laborales”.

Consideran necesaria la apertura de una instancia de diálogo más inclusiva y democrática, por lo que proponen la creación de una mesa mesa de diálogo que se reúna cada seis meses, con la presencia de dos integrantes en representación de cada Unidad Regional, elegidos por el personal para tratar tema salarial y laboral.

En el petitorio que llevarán los representantes de los trabajadores de la Policía de Corrientes y del Servicio Penitenciario provincial existen unos treinta reclamos concretos que ya fueron realizados al Jefe de Policía, Felix Barboza, como también al ministro de seguridad, Juan José López Desimoni.

El reclamo que consideraron más importante es el de un sueldo mínimo de $ 25.000 para los ingresantes del escalafón más bajo de las fuerzas de seguridad; pero además piden que el “valor punto”, un ítem que se otorga por méritos en servicio, se eleve a $50.

Respecto de la antigüedad piden que por cada año de servicios se pague $500, lo que también implica un incremento en el concepto de abono.

Sostienen también la necesidad de aumentar a $2.800 mensuales el punto correspondiente a los reconocimientos de raciones alimentarias que consumen –y que abonan- durante el horario laboral.

Otro de los temas que ponen en relieve es la reconsideración del riesgo profesional que afrontan. Piden que se les abone $5.000 mensuales por realizar tareas que ponen en peligro sus vidas.

También solicitan al gobierno que tenga en cuenta la situación de los efectivos que trabajan en localidades alejadas de su lugar de residencia. Es que el 70% de los efectivos son oriundos de la zona de San Luis del Palmar, Saladas y Capital, quienes luego son derivados a Unidades del interior provincial.

El reclamo de estos efectivos es que se les abone todos los meses la suma de $4.000 a quienes deban asistir a sus lugares de trabajo que se encuentren a más de 50 kilómetros de su domicilio y que además este reconocimiento sea incorporado al recibo de sueldo.

El mismo reclamo se realiza para los policías que se desempeñan en zonas de frontera o zonas rurales. Ellos reclaman que por el desarraigo a raíz del traslado se les abone $3.000 por mes.

Respecto al presentismo, consideran que se debería abonar $4.500 por el cumplimiento de los horarios de actividad; y $1.800 por tiempo mínimo de actividad si no hay vacantes para el ascenso de rango, pero que además las promociones se realicen anualmente en los meses de enero y febrero.

Remarcaron que la mayor parte de los efectivos en actividad y retirados están a cargo de grupos familiares, y que mucho de ellos carecen de propiedades. Es por ello que consideran necesario que el Instituto de Vivienda de Corrientes implemente un régimen por el cual se facilite el acceso a la vivienda a los policías.

Y, en relación a esto también aseguran que por los altos costos de los servicios la Dirección de Energía de Corrientes debería otorgar un descuento “del 50 por ciento” en el precio del servicio de electricidad a todo integrante de las fuerzas de seguridad.

En relación a los beneficios familiares aseguran que es necesario que cada efectivo perciba $1.800 de salario familiar por cada hijo, y $1.800 por esposa o esposo, además de $7.000 por nacimientos.

Advierten la necesidad de otorgar 15 días de licencia al padre del recién nacido, y de aumentar de seis meses a un año el periodo de lactancia.

Para quienes están a cargo de familias con más de tres hijos y el cónyuge, se pide que perciban unos $5.000 para el sostenimiento del grupo familiar.

Además consideran necesario que en febrero y junio se abone $2.000 por hijo en concepto de ayuda escolar para quienes tengan a su cargo estudiantes en el nivel primario y secundario.

Entre otros reclamos está el de un plus de $3.700 todos los 15 del mes; un bono para fin de año de $3.500, además de $3.800 por título secundario y $3.800 por título terciario y universitario.

Piden también que la obra social del Estado cubra los gastos de los tratamientos médicos y que se permita a los policías y a sus familias acceder a medicamentos en forma gratuita.

Hicieron notar además que existe falta de incentivos para que los efectivos se capaciten. Es por ello que instaron al Gobierno a otorgar y gestionar becas para los uniformados que pretendan participar de programas de perfeccionamiento y cursos.

Advirtieron también que aquellos que asisten a capacitaciones realizadas en otras provincias sólo cuentan con las autorizaciones para asistir pero carecen de viáticos, por lo que recomiendan

Mejoras laborales

Luego del homicidio del comisario de Alvear, Miguel Angel Duarte quien carecía de chaleco antibalas y recibió un disparo a manos de un delincuente, se intensificaron los reclamos de mejoras laborales y pedidos de elementos para trabajar en las Comisarías.

Luego de varios meses el Gobierno accedió a distribuir algunos protectores y armas, pero el déficit continúa es por ello que piden que se les otorgue uniformes nuevos y completos; recambio de los proyectiles con más de cinco años de antigüedad, que se realice el mantenimiento de los edificios donde funcionan las dependencias policiales.

Y en este marco aseguran que es necesario acondicionar los rodados con los que se cuenta y dotar de mejore vehículos, equipos de comunicación y herramientas de trabajo a los efectivos.

Pero también reclaman asistencia médica y asistencia jurídica gratuita las 24hs para quienes tengan inconvenientes por actos en servicio.

Todos estos pedidos serán entregados en el despacho del gobernador en el transcurso de la semana.

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