Este magistrado lleva el nombre de Alejandro Aquino Britos, uno de los funcionarios judiciales que cuenta con inmunidad política, ya que fue puesto en el cargo por el radicalismo, partido al que pertenece toda su familia.

El juez, fue denunciado en infinidad de actos de violencia y acoso en el Juzgado de Ejecución Tributaria, donde el magistrado sancionó en forma indebida a los empleados, acosa permanentemente a las secretarias y ejerce actos de extrema violencia.

Los hechos se acompañan de sanciones arbitrarias,acciones administrativas de dudosa legalidad y hasta falta de claridad en el manejo de los recursos a su cargo.
"Existen empleados que hace tres meses trabajan en horarios diferidos, a la tarde, para no cruzarse con el juez quien, pese a no verlos, igual los sancionó al menos tres veces en menos de veinte días".

Debidoa a esta situación parte del personal está en tratamiento psicológico, otros en atención psiquiatrica y casi la totalidad con problemas de estres. Los empleados realizaron acciones para frenar la situación, pero las tramitaciones son lentas y engorrosas, un particularidad que expone el sistema judicial cuando "la familia judicial" busca proteger a sus integrantes descarriados.

Los trámites de denuncia contra el juez están cajoneado en el Ministerio Público Fiscal donde, César Sotelo, el Procurador General los tiene para evaluar la situación antes de rechazar o enviar las actuaciones al Superior Tribunal de Justicia y el Concejo de la Magistratura.

Así las cosas el magistrado continúa en funciones poniendo en riesgo la integridad física de los empleados judiciales, situación que ya fue denunciada por el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes.

El hecho es que el juez mantiene una conducta reprochable dentro de su despacho como fuera de él. En octubre de 2018, los Agentes de Tránsito secuestraron un vehículo propiedad del Juez en la Avenida Vera al 1400.

En el procedimiento Aquino Britos se habría negado a someterse al test de alcoholemia, perolos agentes de la Dirección de Tránsito Municipal confirmaron que estaba ebrio y que por ello procedieron a secuestrar la camioneta de gran porte en el cual circulaba.

El Secretario Movilidad Urbana y Seguridad Ciudadana, Jorge Sladek aseguró “al dar positivo en la prueba de alcoholimetría se precedió a levantar el vehículo de la vía pública”, pero nunca se animó a dar la identificación del “Honorable hombre de la Justicia y las causas nobles”.

El hecho se dio en la madrugada del 26 de agosto de 2018 sobre avenida Vera al 1400, cuando el juez chocó una motocicleta guiada por un hombre.

Seguidamente, los efectivos de la Policía de Corrientes y de Tránsito de la Municipalidad se hicieron presente en el lugar para realizar los procedimientos de rutina, y el magistrado se negó a colaborar. Igualmente, le retiraron el rodado. Luego de esto no hubo sanciones al magistrado pero tampoco se hizo pública la situación.

El mismo juez volvió a tomar notoriedad pública en febrero último cuando echazó un recurso presentado por el partido Ciudadanos a Gobernar para que se declare la inconstitucionalidad de la Ley 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo, tras considerar que la acción promovida resulta "inadmisible", dijeron fuentes judiciales.

El juez de Ejecución Tributaria de Corrientes, Alejandro Aquino Britos, rechazó con ese argumento la acción impulsada por el dirigente Eduardo Achitte, del mencionado partido provincial.

La causa ingresó como "medida autosatisfactiva" al Juzgado de Ejecución Tributaria bajo la caratula “Partido Ciudadanos a Gobernar Distrito Corrientes C/ Gobierno de la provincia de Corrientes y Ministerio de Salud Publica de Corrientes / Amparo”.

El juez Aquino Britos consideró que los presupuestos (o requisitos) necesarios de esa medida no se cumplían en el presente caso.

Analizó la admisibilidad o inadmisibilidad de la pretensión y, en ese sentido, indicó que no surgía de modo flagrante la arbitrariedad o ilegalidad. Lo que se le cuestionó es que el caso no es una materia en la que entiende, por lo que esa resolución cayó, por la evidente falta de probidad del magistrado para intervenir.