La decisión del gobernador Gustavo Valdés es en línea con el Decreto de Necesidad y Urgencia N 335/20 a través del cual el presidente Alberto Fernández formalizó la prórroga de la cuarentena general hasta el próximo domingo 26 de abril.

En ese DNU nacional establece nuevas excepciones a sectores laborales.

Pero para lo que en el país constituyen “excepciones”, en Corrientes es la regla, ya que casi todas las actividades que se pueden reactivar, según la disposición de la Casa Rosada, son la base de la economía correntina.

La ganadería, la siembra de arroz, la citricultura y la forestación, los comercios de determinados rubros, la venta telefónica o por redes sociales, los comercios con sistema de “paquetería” para la entrega de la mercadería.

Los bancos y entidades crediticias –casas de préstamos que abundan en Corrientes-, los profesionales de salud y del derecho, que no están directamente vinculados a la lucha contra el coronavirus. Los talleres mecánicos y negocios que prestan servicio del automotor y los empleados de la construcción. En síntesis, en Corrientes los únicos que no trabajan son los empleados públicos, es decir, el 80 por ciento de la población.

Es así que quedó al descubierto que, salvo el desarrollo forestal -que es muy incipiente en Corrientes y que está en manos de capitales extranjeros- la provincia más pobre del país carece de industrias, por lo que su matriz productiva continúa siendo en base a la producción primaria.